Trabajadores de Inclusión exigen el fin de la precariedad
En una carta abierta dirigida al Gobernador, apuntan jornadas de hasta 7 horas en escuelas y hospitales, sin aportes jubilatorios. Además, cuestionan que quedaron excluidos de los aumentos.
Trabajadores del Plan de Inclusión Social de Villa Mercedes enviaron una carta abierta al gobernador Claudio Poggi para exigir el fin de la precarización laboral que, denuncian, se arrastra desde hace más de 20 años.
El texto, firmado por Luis Albelo y Claudia Calderón, apunta directamente a la contradicción del anuncio oficial de la última semana: aumentos de $500.000, bonos y recategorizaciones para la administración pública provincial, de los que los trabajadores de Inclusión fueron excluidos.
"Nos dirigimos a Usted para exigir una respuesta concreta ante una situación inadmisible que se prolonga desde hace más de veinte años: la precarización de los trabajadores del Plan de Inclusión Social", arranca la carta.
Y detalla: "Mientras el Gobierno anuncia aumentos de $500.000, bonos y recategorización para empleados de la Administración Pública Provincial, quienes pertenecemos al Plan de Inclusión y trabajamos en escuelas, hospitales, centros de salud y otras dependencias estatales volvemos a quedar excluidos, pese a cumplir horarios, realizar tareas necesarias y asumir responsabilidades dentro de las mismas instituciones del Estado".
Uno de los puntos más duros del reclamo es la jornada laboral. Según denuncian, aunque la jornada prevista sería de cuatro horas, cumplen hasta siete horas sin remuneración adicional.
"El Estado nos exige responsabilidades de trabajadores, pero se nos niegan derechos bajo el argumento de que somos beneficiarios de una ayuda social. Esta contradicción constituye una forma de desigualdad que no puede seguir naturalizándose", señalan.
Y se preguntan: "¿Cómo puede el Estado exigir jornadas y responsabilidades equivalentes mientras paga una suma de miseria y mantiene a estas personas sin registración laboral ni aportes jubilatorios? ¿Qué inclusión existe cuando se trabaja durante años sin construir una protección previsional para el futuro? ¿Qué diferencia hay con la esclavitud?".
El Plan de Inclusión Social fue creado en 2003 como una herramienta transitoria de inserción laboral.
La carta también denuncia el uso político del Plan: "Se utiliza a los beneficiarios del Plan de Inclusión para actividades y campañas políticas en favor de las autoridades municipales y provinciales de turno. Los recursos públicos y la necesidad económica de las personas no deben convertirse en instrumentos de subordinación política".
En cuanto al pedido concreto, los trabajadores exigen el fin de la precarización laboral y la incorporación formal que legalmente corresponda, con registración laboral, aportes jubilatorios, cobertura de seguridad social, el respeto de la jornada establecida y el pago justo de las tareas efectivamente realizadas. Asimismo, solicitan que sean incluidos en el bono anunciado o reciban una compensación equivalente y que se establezca un plan de regularización con plazos concretos.
"Señor Gobernador, un Estado que necesita trabajadores, pero los mantiene durante décadas sin derechos laborales suficientes, contradice con sus propios actos cualquier discurso de inclusión. No se puede hablar de dignidad mientras se perpetúan condiciones que condenan a las personas a la incertidumbre económica y previsional", advierten.
Y cierran: "No pedimos privilegios ni limosnas. Exigimos trabajo registrado, aportes jubilatorios, remuneración justa y dignidad. No somos mano de obra descartable ni instrumentos de ninguna campaña política: somos personas y trabajadores que merecemos respeto".
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