Agresión a periodistas: Alcaje fue imputado y seguirá detenido hasta el miércoles

Fernando Alcaje fue imputado este sábado por la agresión a trabajadores de prensa ocurrida el jueves 1 de octubre en una estación de servicio de Eleodoro Lobos y 25 de Mayo. La jueza subrogante Natalia Pereyra Cardini admitió los cargos por tres hechos de lesiones leves, daños y amenazas, y prorrogó su detención hasta el miércoles 7, a pedido de la defensa.

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía en el Juzgado de Garantía 4, Alcaje llegó en motocicleta, ingresó al vehículo en el que se encontraba el periodista Ocampos y comenzó a golpearlo con los puños. La intervención de otras personas frenó el ataque.

La acusación vinculó el episodio con un reclamo por una publicación periodística y un supuesto derecho a réplica. En su relato público, Ocampos señaló que el conflicto se remontaba a una cobertura de dos años atrás sobre una familia de Chaján, Córdoba, que había denunciado inconvenientes con un trabajo de cerrajería. También sostuvo que había sufrido una agresión anterior relacionada con ese asunto.

Daniel Rodríguez y su hija Mayra comenzaron a registrar lo que ocurría con sus teléfonos y reclamaron que cesara la agresión. La Fiscalía sostuvo que Alcaje golpeó a Rodríguez en el antebrazo derecho y provocó la caída de su celular. Luego habría golpeado la mano de Mayra y le habría dado una patada en la pierna y el tobillo izquierdo cuando intentaba evitar que su teléfono fuera destruido. El aparato resultó dañado.

El Ministerio Público Fiscal también le atribuyó amenazas de volver a encontrar y agredir a las víctimas. Después del episodio, Alcaje se retiró en motocicleta.

El viernes 2 se presentó voluntariamente junto a su abogado ante la Fiscalía de Instrucción en lo Penal 1. Allí fue notificado de su detención y posteriormente quedó alojado en la Comisaría Seccional 29.

Durante la audiencia, el defensor Germán Anabitarte rechazó la formulación de cargos y solicitó más tiempo para producir pruebas con las que buscará demostrar que no existen riesgos procesales que justifiquen una medida de coerción más gravosa. La Fiscalía anticipó que pedirá esa medida, cuya resolución quedó pendiente.

Anabitarte también solicitó una evaluación psiquiátrica. Según expuso, su defendido había realizado un tratamiento por un problema de adicciones y habría quedado con secuelas en su salud mental. Además, informó que recibe medicación para la presión arterial y afecciones cardíacas, y que tiene antecedentes de un ACV y un infarto.

La jueza aceptó el pedido y dispuso su traslado a un servicio de salud mental para que un profesional evalúe su estado y determine si necesita tratamiento o medicación.

Los fiscales Maximiliano Bazla y Cecilia Framini sostuvieron la acusación. Bautista Rivadera, representante del particular damnificado, adhirió provisoriamente a la calificación legal y se reservó la posibilidad de proponer otras. Daniela López Martin intervino como secretaria.