Afirman que usan la prisión preventiva para presionar y atemorizar a los investigados

La manipulación, intencionalidad y direccionamiento que tiene la llamada causa Molino Fénix quedó en evidencia con una de las últimas medidas que adoptó el juez Santiago Ortiz, a instancia del fiscal José Olguín. Para uno de los investigados sí hubo fundamentos para otorgarle la prisión domiciliaria, pero para el resto no, pese a las razones humanitarias y de salud que esgrimieron.

“A nuestro entender, queda expuesto que la prisión preventiva no está cumpliendo fines procesales o cautelares, sino fines coactivos para amedrentar o buscar que los imputados den una declaración colaborativa”, fustigó Bautista Rivadera, defensor Enzo Lucero y Exequiel Scarel.

El letrado con esta expresión salió al cruce de una decisión que expone que la balanza está inclinada, en este caso a favor de Diego Torres ya que para el juez de Garantía N° 4 y el cuestionado fiscal por el solo de hecho de haber declarado como supuesto arrepentido no expone riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Rivadera insiste en que sus defendidos deberían transitar el proceso con medidas menos intensas en vez de prisión preventiva: "Estoy convencido de que tienen que estar atravesando este proceso con medidas alternativas, como la firma del libro, que ellos cumplieron durante cuatro meses de la investigación sin ninguna incidencia negativa de incumplimiento".

En este punto aparece el contraste con Diego Torres, el único de los seis imputados al que la Fiscalía no le pidió preventiva por haberse presentado espontáneamente.

Torres declaró recientemente ante el Juez de Garantías en una audiencia que se transmitió públicamente. Tiene las mismas imputaciones que Enzo Lucero y Scarel -fraude, asociación ilícita y destrucción de prueba-, pero tras declarar, obtuvo la prisión domiciliaria.

"Lo que llama la atención es que el fiscal, cuando le consultan si va a cambiar el temperamento respecto a ese imputado después de su declaración, dice que no, que no le modifica la situación de la imputación. Tiene las mismas imputaciones que mis defendidos, pero como declaró, colaboró, le permitió el beneficio de la domiciliaria. ¿Bajo qué fundamento? A nuestro entender, queda expuesto que la prisión preventiva no está cumpliendo fines procesales o cautelares, sino fines coactivos para amedrentar o buscar que los imputados den una declaración colaborativa", remarcó Rivadera.

Para el defensor el punto central es la figura de asociación ilícita. "Obviamente como defensa no la comparto. No hay elementos de convicción para la configuración, ni siquiera en grado primigenio, del delito de asociación ilícita. Ellos no están imputados como jefes u organizadores, están en el escalafón más bajo", explicó Rivadera en referencia a Enzo Lucero y Scarel.

La Fiscalía, en cambio, le atribuye a Anabela Lucero y a Joaquín Beltrán el rol de organizadores de la estructura, con base en testimonios de empleados sobre presencia permanente en el complejo, órdenes impartidas y utilización del espacio con fines de campaña política.

"Es uno de los delitos más complejos de probar en un juicio oral. Lo vamos a discutir a fondo en el control de acusación, cuando termine la investigación preparatoria. Ahora quiero ser cauteloso y no mostrarle las cartas al Ministerio Público Fiscal", aclaró el defensor.