La trampa del crédito: ¿alivio financiero o maquillaje para la crisis de los hogares?

La docente Mabel Becerra expuso un tajante análisis en redes sociales sobre la intervención del diputado provincial Víctor Moriñigo en torno al proyecto de ley de "desendeudamiento" familiar en San Luis. Lejos de ofrecer una solución real, la postura oficialista busca desplazar el eje del debate: pasa de las causas estructurales de la crisis a una "salida técnica" que elude responsabilidades políticas.

Para Becerra, la estrategia comienza por evitar el "cómo llegamos hasta acá". Al rechazar la discusión sobre el origen del sobreendeudamiento, Moriñigo marca distancia del bloque opositor, que advierte que la raíz del problema son los salarios por debajo de la línea de pobreza e indigencia y la falta de regulación sobre las tasas de interés abusivas.

Al omitir el impacto de las tarifas, la inflación y los créditos caros, el oficialismo normaliza un modelo donde la deuda se convirtió en el único mecanismo de subsistencia.

El informe también apunta contra la minimización de la crisis salarial. Cuando Moriñigo califica el problema de los haberes estatales como "solo unos puntitos" y desliza cuestionamientos a gestiones anteriores, recurre al libreto oficial para esquivar culpas.

La realidad es alarmante: el 80% de los salarios públicos no cubre la canasta básica, cuando en 2023 el mínimo garantizaba esa cobertura y las antigüedades superaban la línea de pobreza. Hoy, un ingresante cae directamente en la indigencia.

Otro de los puntos críticos señalados es la falacia de "canjear deuda mala por deuda buena". La propuesta oficial establece un período de gracia de 60 días, pero exige una mora previa de tres meses.

"Si una familia dejó de pagar es porque el sueldo no le alcanza; una pausa en la exigencia no mejora su economía", advierte el análisis. La gran incógnita es qué sucederá el día 61, cuando el trabajador descubra que su ingreso sigue congelado frente a servicios desregulados y boletas impagables.

Finalmente, la paradoja del crédito fiscal del 25% destinado a las entidades financieras evidencia que el costo de la medida no desaparece, sino que se traslada al presupuesto público.

La provincia resigna recaudación para asegurar la caja de las financieras bajo el pretexto de que la culpa es una supuesta falta de "educación financiera". En definitiva, la ley solo administra la morosidad y perpetúa la trampa de tomar deuda para poder sobrevivir.