Ayala y su solución al drama de la basura en La Punta: que el vecino denuncie al vecino

Tras la catarata de denuncias por la invasión de basura en distintas zonas barriales y el circuito turístico (Réplica del Cabildo, Casa de Tucumán, Centro de Convenciones y el Hotel La Recova) de la Ciudad de La Punta, la administración de Luciano Ayala y el Juzgado de Falta respondieron a la denuncia de abandono de la gestión con la aplicación de un servicio para la recepción de denuncias contra quienes generen basurales clandestinos. El anuncio estuvo acompañado de la amenaza de duras multas para quienes provoquen suciedad en las calles.

La novedad es que desde el martes 2 de febrero se habilitó el número de WhatsApp 2665243899 para que los mismos vecinos reporten con fotos y videos a quienes arrojen basura en lugares no permitidos. Se advirtió que los infractores deberán pagar multas que pueden llegar hasta los 15 millones de pesos.

La jueza de Faltas de La Punta, Adriana Moreno informó que su organismo puso en marcha el servicio y aclaró que la denuncia debe ser enviada con fotografía de la infracción y otros datos de interés. Tras eso, el Juzgado de Faltas intervendrá en la causa. Los montos de las multas comenzarán en los 96 mil pesos y podrán llegar a los 15 millones.

“Una brasa en las manos” de Ayala

La Municipalidad de La Punta enfrentó una crisis persistente en la recolección de residuos durante el último año. En octubre de 2025, el servicio fue suspendido debido a un paro de 72 horas, convocado por ATE en reclamo por aumentos salariales y denuncias por malos tratos y malas condiciones de seguridad.

También se denunció que el parque automotor se encuentra "al límite", con camiones en mal estado que dificultan la prestación regular del servicio de recolección y tratamientos de los residuos que se generan diariamente.

Hacia finales de 2025, la Municipalidad de la Ciudad de La Punta oficializó un incremento significativo en sus tributos. La medida fue sancionada por el Concejo Deliberante el 17 de diciembre de 2025 y homologada por el intendente Ayala.

El municipio argumentó que el ajuste buscaba garantizar la previsibilidad financiera y la continuidad de servicios esenciales ante el contexto inflacionario.

Desde sectores cercanos a la Intendencia y el Concejo, se interpretó esta nueva medida –que los vecinos denuncien a sus vecinos- como “un manotazo de ahogado por parte de Ayala”, cuya gestión se ha visto desbordada por un problema que crece “facilitado por las ineficaces acciones” de la administración municipal.