Un colectivo, una campaña con fondos públicos y la presión a la Justicia

Entre la burla y la presión a la Justicia, el Gobierno provincial inició un curioso operativo que tiene como interés principal lograr una condena contra Cintia Ramírez, la ex secretaria de Deportes. Entre las burdas artimañas que durante toda la semana cercenaron la libertad de acción judicial, una de las más llamativas fue la instalación de un colectivo frente al edificio de Tribunales el lunes a la mañana, el día que empezó el debate oral contra la ex funcionaria.

El vehículo pretendió poner un dejo de ironía y vinculación con el contenido del juicio, pues una de las acciones que se le reclama a Ramírez es la compra con sobreprecio de un colectivo para el organismo provincial. No menos curioso resultó la pancarta que el vehículo tenía colgada en uno de sus laterales, firmada por Elpuntano.com, uno de los medios más conspicuos y mejor pagados por el Gobierno de Claudio Poggi.

La cara visible del módico portal –especializado en redactar con notables fallas gramaticales noticias a favor del gobierno y furiosamente en contra de la administración anterior- es nada más y nada menos que Emiliano Pascuarelli, estilizado conductor del noticiero central de San Luis Más y uno de los periodistas que sin impostar su voz cobra su salario por parte del Estado.

Detrás de él –o mejor dicho por delante, ya que es quien da las órdenes y maneja la fastuosa pauta publicitaria- está Facundo Santarone, el verdadero operador mediático de la administración poggista. A su lado se mueve, más impune aún, Emanuel Moreno, enfrentado con Pascuarelli pero unidos tras la necesidad de sumar dinero a sus cuentas bancarias.

Posiblemente de las arcas que manejan los enigmáticos funcionarios –cuyo rostro se conoce poco, como corresponde a quien maneja el poder desde las sombras-, haya salido el dinero con el que se alquiló el colectivo estacionado (por otra parte, en infracción, ya que interrumpió el frenado de los otros rodados) a la vera de la plaza Independencia.

La presencia del colectivo dejó en evidencia las prioridades del Gobierno en cuanto a gastos operativos. Es –para el oficialismo- más importante invertir en la propaganda artera que en los sueldos a la administración pública y a los docentes. Ojalá, el alquiler del rodado haya costado menos que los 43 millones que Poggi gastó el fin de semana en una cena con empresarios bonaerenses.

La notable idea de Pascuarelli y sus jefes fue una más con las que el aparato mediático impulsó una campaña para que se concreta la condena contra Ramírez. Los diversos noticieros del canal oficial sirvieron como plataforma para que los comunicadores del oficialismo se hicieran su triste festín y le dieran más cuerda al asunto.

Uno de los ejes en los que se movió la interpelación fue la deslegitimación al tribunal que tiene a cargo el juicio contra la acusada. Se oyó a los encargados de los medios adictos decir que la condición de hermana que tiene la jueza Eugenia Zabala Chacur con la ex diputada Natalia Zabala Chacur podría condicionar su manera de ver las pruebas que se ventilarán en el debate. Se dijo también -con una evidente endeblez probatoria- que otra de las magistradas de integra la Cámara, Adriana Lucero Alfonso, fue designada durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

No pueden desconocer los encorbatados periodistas del oficialismo que una de las funciones del Poder Ejecutivo es, justamente, nombrar magistrados. Como Lucero Alfonso, en los años de mandato del ex gobernador se pusieron en funcionamiento decenas de magistrados que ahora pululan en la Magistratura provincial.

Poggi también lo hizo, aunque con la cuestionable voluntad de nombrar al primo de su vicegobernador en uno de los cargos más altos del organigrama judicial, el de miembro del Superior Tribunal de Justicia.

Como siempre, la pelota suele regresar con fuerza cuando la mirada no tiene el sostén necesario. Si Ramírez no hubiera contratado a un abogado particular para su patrocinio, quien tendría que hacerse cargo de su causa sería la defensa oficial. Curiosidades al margen, el jefe de los defensores oficiales en la provincia es Gastón Pascuarelli, hermano del justiciero Emiliano. ¿Habría alquilado el colectivo el atribulado director de El Puntano en caso de que el trabajo de su hermano se viera comprometido?

Tan adeptos a que se haga justicia que parecen los provocadores medios oficialistas, los tribunales de Villa Mercedes tendrían que ir haciendo lugar en sus estacionamientos para los colectivos que lleguen el 25 de marzo, cuando se produzca la indagatoria a Ricardo Bazla, el licenciado secretario de Ética pública que tendrá que responder por un caso de corrupción ante el juez que lo investiga. O mejor, tanto que les gusta la ironía, podrían alquilar camiones con maíz y depositarlos a la espera del acto procesal.

Si no hay colectivos con leyendas pagados por el Gobierno, si no hay interés en que la acusación por el robo de dos millones de dólares en maíz por parte de funcionarios poggistas prospere, si no hay ese brutal ensañamiento contra el acusado por parte de los medios oficialistas, el episodio del colectivo será una más de las tantas operaciones pergeñadas por el poder en lugar de un verídico reclamo de justicia.