Un gobierno que con medios adictos politiza la Justicia y judicializa la política

Mientras ocupaban el rol de opositores —un lugar que ellos mismos reivindicaban como esencial para el equilibrio institucional— los principales referentes del espacio político que hoy gobierna San Luis denunciaban que el entonces mandatario Alberto Rodríguez Saá interfería en el Poder Judicial. Aquellas críticas se daban en un contexto en el que comenzaba a debatirse una reforma judicial profunda en la provincia.

En San Luis, esa reforma empezó a trabajarse en 2021 y se implementó en 2022. El cambio central fue la puesta en marcha de un nuevo Código Procesal Penal que introdujo la oralidad plena y la publicidad de los procesos, dos pilares que buscan agilizar las investigaciones y transparentar la administración de justicia. La iniciativa colocaba a la provincia en línea con estándares modernos de gestión judicial y contó, en su momento, con consenso político en ambas cámaras legislativas, incluso de sectores que hoy integran el oficialismo provincial.

Sin embargo, mientras se implementaba el nuevo sistema, comenzó también una presión mediática desde el universo de medios alineados con el poggismo. Desde portales y redacciones digitales se buscó condicionar o marcar a funcionarios judiciales que iban siendo designados en el marco de la nueva estructura. La mayoría de los blancos elegidos fueron mujeres. Nada se dijo, en cambio, sobre el accionar del actual procurador, Eduardo Cadelago Filippi, cuya ausencia en el juicio contra la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez llamó la atención, sobre todo porque al asumir había hecho bandera de las causas por “corrupción”. Tampoco hubo cuestionamientos ante la denuncia contra una fiscal por un allanamiento ilegal.

Ese clima volvió a sentirse este lunes a la mañana en las escalinatas del Poder Judicial. El aparato mediático alineado con el oficialismo volvió a montar una escena de acusación y confusión. Un colectivo alquilado con fondos del Canal 13 —hoy relanzado como SanLuis+— y una lona sensacionalista impulsada por un portal digital que utiliza un nombre que el propio gobierno dice repudiar, formaron parte de la postal. No es propio de la tradición puntana humillar públicamente a mujeres, y sin embargo esa imagen volvió a aparecer.

La confusión llegó al punto de cuestionar a Ramírez por supuestamente querer “dilatar” el proceso. Pero la propia ex funcionaria, al hablar en la escalinata del edificio judicial, se mostró aliviada de que finalmente comenzara el juicio. “Han sido dos años y medio de persecución”, dijo.

Dentro de la sala de audiencias, el desarrollo del debate dejó también algunas escenas llamativas. Fue el fiscal de primera instancia, Francisco Assat, quien realizó los alegatos de apertura. Su intervención se limitó a utilizar una metáfora para describir un supuesto esquema que habría afectado al Estado provincial, aunque no explicó cómo habría funcionado, quiénes lo habrían integrado ni en qué momento se habría producido.

La defensa intentó incorporar nuevos elementos a la causa, pero el tribunal —integrado por Fernando De Viana, Eugenia Zabala Chacur y Karina Lucero Alfonzo— no lo permitió. Todo se desarrolló dentro de los carriles habituales de un juicio oral, aunque con una pregunta flotando en el ambiente: cómo una causa con un contenido aparentemente acotado tardó tanto en llegar a debate.

El primer testigo fue Gabriel Rivero, denunciante del caso y ex funcionario del Gobierno provincial, donde trabajó entre 2018 y 2024. Durante su declaración se limitó a reconocer órdenes de pago y facturas. También confirmó que fue él quien presentó la denuncia contra Ramírez y que la auditoría en la que se basó su presentación había sido realizada por Ricardo Bazla, entonces secretario de Ética Pública y Control de Gestión.

Ese dato no pasó inadvertido. Bazla fue una figura clave en distintos procesos administrativos del propio gobierno y, según trascendidos posteriores a la formulación de cargos por el denominado “tema del maíz”, habría quedado fuera de la estructura estatal.

En ese marco, la escena política vuelve a filtrarse dentro del expediente judicial. El Gobierno y su entramado mediático señalan con un dedo, mientras otros tres parecen apuntar hacia ellos mismos. Confunden tribunales con gestión y la denuncia política con lealtad partidaria.

La lógica se repite: algunos son utilizados para perseguir y luego quedan solos cuando el ruido político se apaga. Mientras tanto, quienes se sienten perseguidos empiezan a encontrarse, a conversar y a hacerse una pregunta que ya circula en distintos ámbitos de la provincia: por qué San Luis, que durante años supo exhibir estabilidad institucional y previsibilidad política, hoy parece haber retrocedido tanto