Diego Masci y Rafael Berruezo, los dos grandes fracasos en el juicio contra Ramírez

Los esfuerzos económicos y mentales que puso el Gobierno de la Provincia por ver a Cintia Ramírez condenada a una pena de prisión efectiva cayeron en el saco roto de una realidad muy distinta, que dejó a la ex funcionaria en libertad, absuelta de la acusación más grave y, a la vez, despojó al Estado de millones de pesos menos en sus arcas, malgastados en la campaña de desprestigio.

La administración de Claudio Poggi recibió a cambio de su monumental inversión un cachetazo que no fue una trompada furibunda solo porque la Justicia se vio tan presionada que hubiera sido una declaración de guerra absolver de culpa y cargo a la ex secretaria de Deportes, convertida en un fusible sobre la que el oficialismo descargó su furia ideológica.

La lectura posible es numérica: el representante del gobierno en el juicio pidió que Ramírez fuera condenada a siete años de cárcel por tres delitos; y el ministerio público fiscal argumentó que lo justo serían cinco años por dos. En ambos casos, Cintia debería cumplir la condena en prisión. El resultado fue un año y medio de condena en suspenso. En el momento en que se conoció el veredicto, la inversión económica del Gobierno se convirtió en gasto innecesario y entre los derrotados, además de Poggi y sus funcionarios, estuvieron inconsciente e indirectamente todos los ciudadanos de la provincia. 

Puestos a personificar, uno de los grandes perdedores de la sentencia emitida el viernes fue Diego Masci, cerebro (de alguna manera hay que llamarlo) de la operación mediática que hace dos años apuntó a la reciente madre y jefe directo de la serie de medios de comunicación que abundaron con noticias falaces sobre la investigación.

Si el caso se jugó por fuera de los Tribunales fue por la injustificada insistencia que los portales hiperoficialistas establecieron y que tuvieron su expresión más absurda, ilegal y costosa con el alquiler de un colectivo que estuvo estacionado mientras duró el juicio en la puerta del edificio de Tribunales, ante la ceguera de la Municipalidad, que pueda que no vea alguno de los cuantiosos baches que hay en las calles de la ciudad, pero semejante vehículo tuvo que ser observado y multado en consecuencia.

Es probable que en su mente atravesada por el pasado, Masci haya querido replicar la épica del juicio que se realizó en su contra en 2020 y del que resultó condenado por difundir un video íntimo de una ministra del gobierno que por entonces encabezada Alberto Rodríguez Saá. En aquel entonces, todo el aparato poggista se movilizó a su favor en manifestaciones que se hacían en la plaza Independencia y que sirvieron para obtener una pena morigerada. 

Suena poco confiable que una persona condenada por la Justicia sea quien dicte los parámetros del periodismo oficial en la provincia, pero esa incongruencia es la que originó un curioso incidente que se produjo en la puerta de Tribunales el miércoles 18 de marzo, en ocasión en que fue a prestar declaración testimonial en el juicio Alberto Rodríguez Saá. 

Rodeado de una maraña periodística, el ex gobernador fue increpado por Emanuel Moreno, directivo jerárquico de San Luis Más, quien por una mañana y mandado por su jefe volvió a sus orígenes en el periodismo callejero e intentó acercarle a Rodríguez Saá un colectivo de juguete, pretendidamente símbolo del hecho del que acusaban a Ramírez, pretendidamente gracioso. Las pretensiones de Moreno, a veces, confrontan contra su propia incapacidad. 

Cuando el periodismo de San Luis inicie su necesaria reformulación se dará cuenta que el chiste de Moreno replicó las chanzas que hace 30 años –o más- hacían Andy Kusnetzoff y los noteros de “CQC”, aquel ciclo televisivo que hace 30 años –o más- revolucionó la televisión argentina. Pero que ahora, con la visual clarificada de la perspectiva, hasta sus propios hacedores reniegan de ellas. 

Otra vez, la visual atravesada por el pasado de Masci generó la misma confusión que se nota en la comunicación institucional del gobierno, donde las huidas de los funcionarios son “licencias para aclarar su situación judicial” y los fracasos en materias de turismo y seguridad son tapadas con cifras mentirosas o analizadas a conveniencia. O, sin ir más lejos, donde el “Año de la Educación” inicia con el despido de docentes rurales para que se acomoden allí los hermanos de los funcionarios del área.

En el otro juego, el judicial, más real y concreto, desarrollado adentro de la sala de juicios orales, el derrotado más evidente fue Rafael Berruezo, fiscal de Estado adjutor, ideólogo de la estrategia judicial contra Ramírez, pero solo presente en la sala durante la declaración de Alberto Rodríguez Saá, a la que intentó sin éxito –como todo lo que hizo en el debate- interrumpir. 

Apocado, gris, abatido por una función que creyó que podría hacer pero que la realidad le está mostrando otra cosa, Berruezo llevó a la misma condición a su ladero, Santiago Calderón Salomón. La dupla apareció vencida solo con la presencia impuesta por el defensor Marcos Juárez, un vivaz profesional que con sus corbatas coloridas y sus anteojos de sol pasó el trapo sobre los trajes roídos de los acusadores.

Por supuesto que el desgaste de la acusación no fue solo visual. La causa en sí, la endeblez de las pruebas, la imprecisión de los testigos fueron el signo técnico de la derrota, sumado a un elemento que la imputada y su defensa esgrimieron una vez que el debate hubo finalizado y que refería a la negativa por parte del Gobierno de la documentación que hubiera servido para que el proceso fuera un poco más justo. 

En definitiva, al Gobierno Provincial le pasó lo que habitualmente -aunque no siempre- le pasa a los tramposos, ventajeros y mentirosos. Pierden.