El Caburé: el escándalo que acorrala a Bazla por la desaparición millonaria de maíz

El caso del campo El Caburé se ha transformado en el emblema de un presunto esquema de corrupción que sacude los cimientos del Gobierno de San Luis. Lo que comenzó como una expropiación del establecimiento de 2.000 hectáreas en el departamento Pedernera, bajo el argumento de incumplimientos de su dueño original, ha derivado en una denuncia penal por el robo de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares.

A pesar de que el Estado tomó el control de las tierras y la producción, hoy nadie puede explicar dónde está el grano ni el dinero resultante de su comercialización, y dejó al descubierto una maniobra que involucra a funcionarios provinciales y judiciales.

El principal señalado en la trama es Ricardo Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión —actualmente bajo licencia por 90 días—, quien encabezó los operativos en el predio.

La documentación oficial sobre el movimiento del maíz en principio es inexistente; no hay registros en el sistema de trámites ni cartas de porte que legalicen el transporte de la mercadería.

Esta falta de transparencia se ve agravada por la aparición de un audio clave en el que un "asesor" vinculado al Ejecutivo sugiere abiertamente comercializar el maíz "en negro" a través de feedlots no inscriptos para evitar dejar huellas contables, admitiendo que "nos deben estar mirando de todos lados".

La situación judicial ha escalado rápidamente. El fiscal Leandro Estrada solicitó formalmente que se investigue a Bazla por delitos que incluyen hurto calificado, abuso de autoridad y peculado.

A esto se suman las explosivas declaraciones de Darío Oviedo Helfenberger, exfuncionario del área de Ética, quien rechazó ser el "chivo espiatorio" de la causa. Oviedo Helfenberger afirmó que él solo actuaba como un "cadete" siguiendo órdenes directas de Bazla y de Víctor Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, con lo que deslindó su responsabilidad en la firma de contratos con los cosechadores y en la disposición final de los granos.

Mientras los productores afectados denuncian un "arrebato de las garantías constitucionales" y una usurpación lisa y llana por parte del Estado, el silencio del Gobierno provincial es total. La sospecha de que la estructura creada para velar por la transparencia fue utilizada para desviar fondos millonarios coloca a la gestión de Claudio Poggi frente a su desafío ético más grande hasta la fecha.

Con la causa radicada en la Justicia, la provincia espera respuestas sobre un botín que, según las pruebas presentadas, habría sido repartido entre funcionarios y empresarios amigos mientras la "ética pública" se tomaba vacaciones.