Poggi arremetió contra la Justicia tras la imputación de Bazla

La división de poderes en la provincia atraviesa un sabor amargo. Tras conocerse la imputación de Ricardo André Bazla por ocho delitos vinculados a la corrupción —incluyendo peculado, malversación y estafa procesal—, el gobernador Claudio Poggi rompió el silencio con una declaración que lejos de llevar calma institucional o transparencia, sonó a una advertencia directa hacia los tribunales.

"Me sorprendió la velocidad"

Ante la consulta de la prensa este jueves, Poggi no ocultó su malestar con el ritmo judicial. En lugar de respaldar la autonomía de la Justicia para investigar el destino de las 2.000 hectáreas de maíz desaparecidas ( valuadas en más de 2 millones de dólares bajo custodia estatal), el mandatario lanzó una frase que retumbó en los pasillos de Tribunales: "Me sorprendió la velocidad con la que se abordó este tema".

Para diversos sectores, estas palabras no son una observación casual, sino un mensaje de presión. Al cuestionar la celeridad con la que se imputó a su ahora exsecretario de Ética Pública, Poggi intenta condicionar el accionar de los jueces, sugiriendo que la Justicia actúa con una eficiencia "sospechosa" cuando el investigado pertenece a su círculo íntimo. 

El Gobernador "da instrucciones" a los jueces

La arremetida de Poggi no se quedó solo en la queja por la rapidez del proceso. El Gobernador fue más allá y pretendió dictar la agenda de la investigación: "Lo que me parece que la justicia tiene que hacer es una investigación mucho más amplia... la investigación fue bien rápida en este caso, pero faltó completar siete años anteriores", sentenció Poggi, intentando desviar el foco del actual escándalo hacia gestiones pasadas.

Este intento de teledirigir la mirada judicial es visto como una falta de respeto a la independencia de poderes. Un Gobernador que le dice a la Justicia qué años investigar y cómo hacerlo, rompe con el protocolo republicano básico.

Un blindaje que se agota

Cabe recordar que, hasta que el escándalo fue incontenible, el Gobierno había intentado blindar a Bazla, entregando únicamente 'la cabeza' de un funcionario de menor rango (Darío Oviedo Helfenberger), a modo de chivo expiatorio. Sin embargo, las pruebas y el desarrollo de la investigación en la causa "El Caburé" obligó a la renuncia de Bazla.

Hoy, la preocupación no parece ser solo el maíz que falta, sino la reacción de un mandatario que, frente a la sospecha de corrupción en su propio gabinete, elige apretar a la Justicia en lugar de exigir transparencia total. El mensaje de Poggi es claro: la celeridad judicial le molesta si el imputado es de los suyos.