Víctor Endeiza pone en "situación de escándalo" al Superior Tribunal de Justicia

Mientras se esperaba la sentencia finalmente absolutoria hacia Cintia Ramírez, Víctor Endeiza, miembro del Superior Tribunal de Justicia, hizo gastar los zapatos de uno de sus secretarios para que averiguara la decisión de la Cámara que durante una semana juzgó a la ex secretaria de Deportes por la compra de un colectivo para San Luis FC. Más allá de que quería una condena que finalmente no llegó, sabía el integrante de la pata poggista en la Corte puntana que con esa sentencia se jugaba, también, en parte, otra causa que lo tiene como involucrado, la de El Caburé, que ya se cargó al secretario de Ética del Gobierno, Ricardo André Bazla.

Debe haber algo de vergüenza -en el caso de que Endeiza conozca los alcances de ese sentimiento- para que un juez que integra la máxima entidad judicial de la provincia permanezca en el cargo pese a que su nombre sea vinculado a una investigación penal por el robo de dos toneladas de maíz. Sin embargo, Víctor, primo del vicegobernador y amigo personal del gobernador, mantiene su puesto y pone en estado de escándalo a todo el Superior Tribunal de Justicia.

Los otros miembros del cuerpo colegiado establecieron una respetable distancia con el juez investigado, causada, en parte, por la conveniente separación que deben tener los magistrados de un mismo cuerpo para que el funcionamiento sea correcto, pero también por el recelo que entre sus colegas despierta la sola presencia de Endeiza. No solo por su cercanía a un Poder Ejecutivo que apenas asumió atacó sin recelo a la administración de Justicia, sino además porque consideran que la participación de su colega en el escándalo de El Caburé podría acreditarse en breve.

Se presume que Endeiza como fiscal de estado –su rol anterior- manipuló decretos a favor de sus compañeros de gestión y puso en duda la “legalidad” de los actos, acaso con el fin de beneficiar a los otros funcionarios poggistas en el devenir de la investigación.

Claro que las intenciones del oficialismo son cortar el cable por lo más débil y quemar las ropas de Oviedo para salvar aquellos trajes más jerárquicos como el de Bazla –incendiado esta semana tras la audiencia de formulación de cargos-, los ministros Federico Trombotto y Gonzalo Amondaraín y, fundamentalmente, Víctor Endeiza.

Un pensamiento que bien podría caber en las afiebradas mentes poggistas esta semana sería que, con el secretario de Ética del gobierno procesado por corrupción, que caiga en la misma bolsa aquel que fue fiscal de Estado y que apenas meses después fue ungido como ministro del Superior Tribunal de Justicia sería un golpe letal a la marquesina de guardianes de la moral con la que irrumpieron en el Gobierno provincial hace más de dos años.

El propio Endeiza en un escrito que le envió al “señor fiscal de instrucción” y que fue adosado a la causa de El Caburé reconoció su participación en el expediente de expropiación y dijo que ministros y asesores legales lo consultaban en su rol anterior, el de fiscal de Estado, por medio de mensajes de Whats app. “Más allá de las consultas –dijo el ahora juez de la Corte- el suscripto desconoce lo efectivamente llevado a cabo en los hechos en el inmueble”.

Hay un punto que podría determinar definitivamente la suerte de Víctor en la causa y llegará cuando el juez Alfredo Cuello tenga que revisar el contenido del celular de Darío Oviedo Helfenberger, un funcionario de la Secretaría de Ética a quien el gobierno pretende endilgarle toda la responsabilidad sobre la desaparición del maíz, como si nunca hubiera sido parte de la gestión de Claudio Poggi.

Resulta especialmente conmovedor un párrafo del escrito del enviado de Poggi a la Justicia en el que dice que “en el desarrollo del ejercicio como fiscal de Estado tomé conocimiento de numerosas irregularidades detectadas por los funcionarios provinciales, de presuntos delitos contra la administración pública”. No especifica el impreciso ministro si esas irregularidades son parte de la gestión actual o de la anterior.