¿Por qué el exsecretario de Ética enfrenta también el cargo de "Falsedad ideológica"?

El delito de falsedad ideológica está previsto por el artículo 293 del Código Penal y establece inconducta en aquel funcionario público que introdujera en un instrumento público datos falsos. ¿Qué quiere decir eso?. El instrumento público es real y es emanado por la autoridad y, por ende, debe cumplir todos los requisitos, desde la firma y el sello hasta la lógica veracidad de los actos.

La conducta reprimida por el artículo es la de aquel funcionario público que en esos instrumentos públicos incorporara datos falsos. En este caso concreto, los datos falsos que han introducido son los que indican la designación como administrador  de “El Caburé” del ex director de Legalidad y Ética Pública, Darío Oviedo Helfenberger. Así figura en uno de los documentos que se utilizaron para la desaparición de una cosecha de maíz valorada en más de 2 millones de dólares.

Pero las acciones penales imputadas al gobierno de Claudio Poggi también está relacionado con un documento público al que se le agregó más contenido falso: un supuesto convenio de colaboración que hacen el Ministerio del Campo, a cargo de Federico Trombotto, y la Secretaría de Ética, a cargo de Ricardo Andrés Bazla.

Allí señalan que ese convenio había sido firmado en abril del año 2024, cuando en realidad fue firmado en agosto del año 2024, cuando ya se había cosechado el  maíz. Allí, el delito de falsedad ideológica.

¿Y por qué lo hicieron? El fundamento es que querían justificar que la Secretaría de Ética, realizó todas las acciones para llevar adelante la cosecha del maíz. O sea, haber hecho todo sin tener nada que ver con la parte que le corresponde al Ministerio del Campo.

El caso, conocido como el "maíz desaparecido", implica una suma de más de 2 millones de dólares y es descripto, como una trama de corrupción grave.

En un documento que se encuentra en la causa, consta que Bazla le solicita  a su director de Legalidad y Ética Pública, Darío Oviedo Helfenberger, que le envié la información a Víctor Endeiza, en ese momento Fiscal de Estado y ahora, ministro del Superior Tribunal de Justicia.

El acuerdo se firmó con Francisco Anselmi, cosechador, quien según las pruebas reunidas en la causa, extrajo cuarenta camiones de maíz y los trasladó a un campo cercano. Del dinero que generó esa operación, no hay rastros.