Calabozo para el abigeato y blindaje oficial para los implicados en "El Caburé"

La vara con la que se mide el delito en la provincia parece tener dos dimensiones distintas según el origen del imputado. En las últimas semanas, la celeridad de las autoridades quedó de manifiesto con la imputación y detención de ciudadanos comunes por delitos rurales, mientras que la causa denominada “El Caburé” —que involucra a la primera línea del gabinete provincial por la desaparición de una cosecha millonaria— avanza a un ritmo que para muchos sectores sociales denota un "blindaje" institucional.

El caso “El Caburé” tiene como figura central al exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, imputado por siete delitos en relación con la pérdida de una cosecha de maíz bajo custodia estatal valorada en más de  2 millones de dólares. 

Sin embargo, el esquema de señalamientos de corrupción alcanza también al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; al ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain (aunque no está implicado directamente en la denuncia se lo apunta como hombre que "tapa" el escándalo y favorece los movimientos oscuros); a su hermano Diego, asesor; y al actual ministro del Superior Tribunal, Víctor Endeiza. A pesar de la gravedad del monto y la investidura de los implicados, el rigor procesal no ha sido el mismo que el aplicado a los denominados “delitos de campo”.

En la otra cara de la moneda, la Justicia de Villa Mercedes formuló cargos recientemente contra dos personas, detenidas en Buena Esperanza por el traslado de 16 animales con documentación falsa. 

En un operativo relámpago, el fiscal Marcelo Palacio logró la imputación por abigeato agravado y la jueza Natalia Pereyra Cardini ordenó la prórroga de su detención. 

Del mismo modo, en El Trapiche, allanamientos simultáneos por el robo de ganado terminaron con el secuestro de freezers, armas y herramientas en menos de una semana de iniciada la investigación. Solo por citar un par de ejemplos. Es muy correcto que se actúe rápidamente frente al delito, pero todo indica una doble moral para las actuaciones. Con algunos sí, con algunos no. 

Esta disparidad de criterios genera un fuerte ruido en la opinión pública puntana. Mientras que para el ciudadano común que comete abigeato la respuesta es el calabozo inmediato y el secuestro de bienes, para los denominados “delitos de guante blanco” cometidos -tal como lo indica la investigación judicial- desde las estructuras del Estado, el proceso se vuelve difuso. 

En San Luis, la rapidez para esclarecer el robo de un par de animales contrasta drásticamente con la parsimonia para investigar a los dueños del poder, dejando una sensación de que la balanza de la justicia se inclina según quién sea el que sostiene el peso de la acusación.