Golpiza policial a un vecino frente a su hijo terminó con un agente preso

Un hombre que caminaba con su hijo pequeño por la peatonal Mendoza del barrio 292 terminó desfigurado a golpes tras un procedimiento policial que, según la Fiscalía, fue “abiertamente ilegítimo y abusivo”. Por el hecho, ocurrido el 9 de abril, el efectivo Matías Escudero, del Comando Radioeléctrico, quedó con prisión preventiva por 90 días por orden del juez de Garantía 3, Marcos Flores Leyes, mientras la investigación avanza sobre un posible caso de violencia institucional con más implicados.

La fiscal de Instrucción 5, Débora Roy Gitto, fue contundente al describir la escena: “Un ciudadano que caminaba con su hijo por la calle se convirtió sin razón en una víctima de violencia institucional”.

La reconstrucción oficial sostiene que todo comenzó cuando Brian Arévalo, acompañado por su hijo de un año y medio y un amigo, pidió a los patrulleros que bajaran la velocidad al pasar por la zona. Lejos de descomprimir la situación, ese reclamo derivó en una intervención que escaló en segundos.

Según la acusación, sin resistencia alguna, Arévalo fue golpeado en plena vía pública. Testigos relataron una escena cruda: lo levantaron del suelo y continuaron agrediéndolo con golpes en el rostro y el cuerpo, incluso cuando ya estaba reducido.

El informe médico, elaborado por la doctora Patricia Gallardo, confirmó la gravedad: fractura de tabique nasal, fractura en la órbita del ojo derecho, hematomas y múltiples lesiones. El tiempo de recuperación supera el mes y no se descartan secuelas permanentes.

“La violencia fue desproporcionada”, sostuvo Roy Gitto al encuadrar el hecho como violencia institucional. Además, advirtió que Escudero no habría actuado solo y que podrían surgir nuevos imputados en los próximos días.

Uno de los puntos más delicados es lo que ocurrió después. En un primer momento, el procedimiento fue informado como una “resistencia a la autoridad”, omitiendo la magnitud de las lesiones. “A las 23 horas se me informa una resistencia; recién de madrugada se me pone en contexto de la situación real”, explicó la fiscal.

En esa misma línea, se sumó un elemento que agrava el cuadro: la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad replicó esa versión inicial y difundió información falsa, plegándose a la maniobra de presentar el hecho como un caso de “resistencia a la autoridad”, cuando ya existían indicios de una agresión desmedida contra la víctima.

La investigación también enfrenta obstáculos: testigos que presenciaron la golpiza manifestaron temor a represalias y se sospecha de un posible encubrimiento dentro de la propia fuerza. “El personal policial evidentemente cubre a sus compañeros”, advirtió Roy Gitto.

El hombre agredido relató que fue esposado y trasladado sin explicaciones, mientras su hijo lloraba sin saber quién lo asistiría. “Sabía que estaba todo golpeado… y mi hijo lloraba”, declaró Arévalo, quien además teme perder la visión de un ojo y su fuente laboral.

La defensa del imputado está a cargo del abogado Alfredo García Garro, mientras que la querella es representada por Nedo Gómez y Cristóbal Ibáñez, quienes denunciaron irregularidades en el procedimiento, el traslado de la víctima y el trato recibido tanto en sede policial como en el sistema de salud.

El caso expone, otra vez, una tensión de fondo: el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado y los límites que, en la práctica, parecen desdibujarse. Mientras la Justicia avanza con una investigación que promete más imputaciones, en el barrio el miedo ya quedó instalado. Vecinos aseguran que no es la primera vez que ven procedimientos violentos y temen que la historia vuelva a repetirse.