SAN LUIS - Jueves 23 de Abril de 2026

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Olguín denunció que el Gobierno "importa" planes de Buenos Aires

El senador provincial cuestionó la intervención del Consejo Federal de Inversiones en el diseño de políticas locales de agua y educación. Advirtió sobre una "tercerización" del Estado que relega a los profesionales de las universidades de San Luis y pone bajo sospecha el manejo de datos docentes.

Por redacción
| Hace 16 horas
Hugo Olguín se mostró preocupado por la "tercerización" del Estado donde se aparta a profesionales universitarios de la provincia.

El recinto del Senado provincial se convirtió en el escenario de un fuerte cruce político luego de que la mayoría oficialista decidiera no aprobar un pedido de informe presentado por el legislador Pepe Olguín. 

 


La iniciativa buscaba arrojar luz sobre la creciente firma de convenios entre el Ejecutivo provincial y organismos o consultoras con base en Buenos Aires, principalmente centrada en lo que Olguín definió como un "desembarco masivo" del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

 


Según la denuncia del senador opositor, el CFI pasó a cumplir un rol determinante en la planificación estratégica de San Luis, interviniendo en áreas sensibles que van desde la gestión de los recursos hídricos hasta la definición de la currícula escolar. 

 


Olguín recordó que el histórico crecimiento de la provincia durante las últimas cuatro décadas se logró con autonomía y cuestionó que ahora se recurra a una "consultocracia" externa que, a su criterio, desconoce las necesidades reales y el territorio de los puntanos.

 


La preocupación del bloque justicialista también hizo foco en el aspecto económico y académico. Olguín exigió precisiones sobre los montos millonarios destinados a técnicos porteños mientras se prescinde del conocimiento generado en las universidades locales, como la UNSL y la ULP. 

 


Asimismo, alertó sobre los convenios con la Fundación Varkey y el riesgo que podría implicar la entrega de datos privados de alumnos y docentes a entidades ajenas a la administración pública provincial.

 


La movida legislativa apuntó a determinar si el Gobierno Provincial perdió capacidad de decisión propia frente a las recetas "importadas" desde la capital del país. Pese a la gravedad de los señalamientos sobre el gasto público y el alcance de los acuerdos, el oficialismo mantuvo el hermetismo y no brindó respuestas oficiales respecto a las erogaciones ni a los puntos específicos del pedido de informe en el recinto.

 

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