Fernando Gatica ratificó la denuncia por represión y apuntó directamente contra Poggi

El secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis, Fernando Gatica, se presentó esta mañana ante la Justicia para ratificar y ampliar la denuncia penal contra el Gobierno Provincial, tras los incidentes registrados durante la apertura de sesiones legislativas el pasado 1 de abril. 

El dirigente, en representación del Consejo Directivo Provincial, busca que se investiguen las responsabilidades penales y políticas detrás del accionar de la fuerza pública en aquella jornada.

En su declaración, Gatica detalló los pormenores de lo que describió como una represión brutal contra una manifestación pacífica organizada por la Intersindical. Según el relato del referente gremial, los efectivos policiales incurrieron en delitos de abuso de autoridad y apremios ilegales al agredir a dirigentes de ATE con golpes de palo, empujones y el uso de gas pimienta, el cual provocó daños en la visión y el sistema respiratorio de varios manifestantes presentes en las inmediaciones de la Legislatura.

El testimonio del dirigente fue particularmente crudo al describir su propia experiencia durante el operativo. Gatica denunció haber recibido fuertes impactos en la cabeza y patadas tras ser derribado por los uniformados, quienes, según sus palabras, intentaron obstruir su respiración mientras se encontraba en el suelo. 

Para el secretario General, estos hechos no representan incidentes aislados, sino que constituyen un caso de violencia institucional que atenta contra los principios democráticos básicos y el derecho a la protesta.

La causa, que ya tramita bajo la órbita de la Unidad de Abordaje Fiscal, pone el foco en los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En este marco, Gatica señaló al gobernador Claudio Poggi como el máximo responsable político de la integridad física de los ciudadanos y del accionar policial. 

El objetivo central de esta presentación judicial es lograr el esclarecimiento de los hechos y garantizar que no se repitan situaciones de violencia contra los trabajadores y trabajadoras que defienden sus derechos en la vía pública.