El bono de Poggi frente al piso de 300 mil pesos de 2023: de la dignidad al parche
Mientras la gestión actual se limita a otorgar un bono por única vez, hace poco más de dos años la administración anterior sellaba un acuerdo estructural que equiparaba los salarios con la canasta básica.
En un escenario marcado por la fuerte presión gremial y un descontento social que no da tregua, el gobernador Claudio Poggi anunció el otorgamiento de un bono de 300 mil pesos para los empleados de la administración pública y de 100 mil pesos para los beneficiarios del Plan de Inclusión.
La medida, que se abonará por única vez, fue justificada por el mandatario bajo el argumento de una caída del 7% en la recaudación provincial y una "inestabilidad económica" que parece no encontrar piso.
Sin embargo, para los trabajadores estatales, este anuncio apenas representa un oxígeno momentáneo frente a una realidad desesperante. Con salarios que han quedado pulverizados por la inflación, el pluriempleo se ha convertido en la única vía de subsistencia para miles de familias puntanas que hoy se encuentran hundidas en la pobreza.
El espejo de 2023: cuando el salario le ganó a la pobreza
La comparación con la gestión anterior resulta inevitable al analizar el impacto en el bolsillo de la gente. En septiembre de 2023, bajo la gobernación de Alberto Rodríguez Saá, se implementó una solución de fondo que marcó un hito en la dignidad laboral de la provincia.
A través de un acuerdo con el 90% de los intendentes en La Toma, la Provincia garantizó los fondos necesarios para que ningún municipal ganara menos de 300 mil pesos, estableciendo un piso salarial que hoy —ajustado por inflación— equivaldría a un sueldo promedio de 1.200.000 pesos.
Aquel plan no fue un bono aislado, sino una medida estructural de justicia social. En ese entonces, la canasta básica oscilaba los 319 mil pesos, lo que significaba que los salarios estaban equilibrados con el costo de vida.
La Provincia se comprometió a girar un 50% extra de fondos extracoparticipables para combatir la indigencia de manera directa, asegurando que las familias no tuvieran que atravesar las peripecias que hoy enfrentan para poner un plato de comida en la mesa.
La brecha entre el alivio y la planificación
La diferencia entre ambos modelos es nítida: mientras en 2023 se buscaba blindar el poder adquisitivo frente a la canasta básica con una visión federal que incluía a cada municipio —desde San Luis y Villa Mercedes hasta pequeñas comisiones de fomento—, la gestión de Poggi se limita hoy a un paliativo excepcional.
Hoy, la distancia entre el costo de vida y los ingresos de los trabajadores públicos se ha ensanchado a niveles críticos. Mientras el Gobierno actual evalúa el nuevo organigrama y diseña leyes de ministerios, la realidad de la calle demanda soluciones que emulen la profundidad de aquellas políticas de 2023, que permitían a los puntanos proyectar un futuro sin la angustia de la subsistencia diaria.
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