Reabren la causa por el crimen del policía Fuentes y apuntan a fallas policiales

El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial revocó una resolución del Juzgado de Garantías y ordenó extender por 30 días la investigación penal preparatoria en la causa por el crimen del oficial Renato Mauricio Fuentes, asesinado durante un violento asalto en Cortaderas. La decisión reabre líneas investigativas que apuntan no solo al imputado Julio Daniel “Ringo” Lescano, sino también a posibles responsabilidades policiales y fallas institucionales que rodearon el operativo fatal.

La resolución judicial, firmada el 21 de mayo por los jueces María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Diego Herrera, hizo lugar a las apelaciones presentadas tanto por la querella como por la defensa de Lescano. Ambas partes cuestionaban que el juez Jorge Osvaldo Pinto hubiera rechazado la prórroga de la investigación y pretendiera avanzar hacia la etapa de control de acusación.

El expediente expone fuertes críticas al accionar del Ministerio Público Fiscal y a la investigación realizada hasta el momento. La querella, representada por el abogado Gustavo Reviglio, sostiene que nunca se profundizó sobre la ausencia de chalecos antibalas en la subcomisaría donde prestaba servicio Renato Fuentes, pese a que el oficial murió de un disparo en el tórax durante el procedimiento policial del 20 de septiembre de 2024. Según consta en la audiencia, en la dependencia policial había apenas tres chalecos para ocho efectivos.

Además, la familia de la víctima cuestionó la falta de investigación sobre presuntas responsabilidades funcionales de superiores policiales y denunció que hubo irregularidades graves durante la pesquisa, incluyendo el extravío de registros fotográficos y fílmicos de la autopsia y pericias médicas practicadas al cuerpo del oficial asesinado.

Otro de los puntos más delicados del fallo tiene que ver con la posible participación de una tercera persona en el hecho. Tanto la querella como la defensa insistieron en que existen testimonios y elementos que ubicarían a Uriel Chirino dentro de la banda que participó del asalto. Incluso, la defensa aseguró que la Fiscalía habría citado por error a otra persona con un nombre similar y que nunca profundizó esa línea investigativa.

Durante la audiencia de apelación, la defensora Soledad Poma de Otaegui también cuestionó la solidez de algunas pruebas utilizadas contra Lescano. Entre ellas mencionó el resultado positivo del dermotest realizado casi 48 horas después del hecho y señaló contradicciones entre las prendas secuestradas y las imágenes de las cámaras de seguridad. Según la defensa, los autores del ataque utilizaban guantes y la ropa incautada no coincidiría con la observada en los registros fílmicos.

La Fiscalía, encabezada por Marcelo Saldaño, rechazó esos planteos y sostuvo que el caso está esclarecido. Para el Ministerio Público Fiscal, el crimen fue cometido únicamente por dos personas y no existen evidencias objetivas sobre un tercer partícipe. También afirmó que la cuestión de los chalecos antibalas corresponde a una eventual responsabilidad administrativa o civil, pero no tiene incidencia en la autoría del homicidio.

Sin embargo, el Tribunal consideró que la investigación no puede cerrarse de manera prematura y advirtió que la aplicación rígida de los plazos procesales podría afectar el derecho de defensa y el derecho de las víctimas a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido. Los magistrados entendieron que el fallecimiento del anterior abogado defensor de Lescano, quien padecía una enfermedad oncológica, generó una situación excepcional que debilitó el ejercicio pleno de la defensa técnica durante una parte importante del proceso.

Los jueces también remarcaron que la gravedad del caso y las posibles irregularidades institucionales denunciadas justifican ampliar la pesquisa. En ese sentido, señalaron que el sistema judicial no puede limitarse a un cumplimiento automático de plazos cuando todavía existen medidas probatorias pendientes y líneas investigativas abiertas.

Con esta decisión, la causa seguirá en etapa de investigación durante al menos 30 días más. Durante ese tiempo podrán citarse nuevos testigos, requerirse informes internos de la Policía y avanzar sobre las responsabilidades funcionales denunciadas por la familia del oficial asesinado.