Persecución: mandaron a la Policía a callar a un joven que reclamó por los dramas del agua

El uso de las fuerzas de seguridad como herramienta de disciplinamiento y censura política ha sumado un capítulo alarmante en el interior provincial. Hernán Ariel Fernández, un joven dirigente de la zona de El Barrial, en el Departamento Belgrano, fue víctima de un directo acto de persecución tras haber publicado un video en el que visibilizaba que decenas de familias llevaban entre 20 y 23 días sin el suministro de agua.

La respuesta estatal no tardó en llegar en forma de amedrentamiento. Efectivos policiales se presentaron ante el ciudadano para notificarle un acta restrictiva. En el documento oficial, se le ordena taxativamente que se "abstenga de manifestar reclamos por inconvenientes que tengan en la zona o en su defecto instar a vecinos a hacerlo", extendiendo la prohibición a la difusión en redes sociales bajo la amenaza de encuadrar su conducta en una figura contravencional. 

El insólito argumento oficial intenta escudar la censura bajo el pretexto de "prevenir accidentes" debido al desarrollo del "Rally La Punta".
La medida deja al descubierto el nivel de miedo y perturbación que genera en las autoridades locales la libre expresión. Mientras las familias del departamento sufrían la desidia y la falta de soluciones definitivas con respuestas evasivas sobre caños rotos o llaves cerradas, el Gobierno provincial priorizó el financiamiento del evento deportivo. 

"Hay plata para el rally y no hay solución para el agua", había cuestionado Fernández en su video, donde también denunció el abandono absoluto por parte de los funcionarios de la zona, quienes no realizaron una sola llamada ni visita a los damnificados en casi un mes de faltante.

A pesar del claro intento por sembrar temor y acallar una protesta pacífica que no incluyó cortes de rutas ni actos ilegales, el dirigente vecinal aclaró que el trato de los efectivos actuantes fue correcto y respetuoso, ya que ellos solo cumplían órdenes de la cúpula política. 

Asimismo, remarcó que el avasallamiento institucional no logrará su cometido de silenciarlo. Tras la viralización del reclamo y la posterior intimación policial, se confirmó una última novedad: el servicio de agua comenzó a retornar con presión a los hogares afectados, demostrando que la organización comunitaria y la denuncia pública siguen siendo el único camino frente a la vileza del apriete estatal.