El Caburé: Poggi rompió el silencio con una defensa plagada de contradicciones

Finalmente, tras un prolongado y sugerente silencio, el gobernador Claudio Poggi se vio obligado a hablar públicamente sobre el caso "El Caburé". Sin embargo, lejos de aportar claridad, su aparición —orquestada a través de una entrevista realizada por los periodistas Daniel Poder y Daniel Miranda, que evidenció una total falta de repreguntas y un tono de disculpa ante el mandatario— se pareció más a una maniobra para intentar tapar los desmanejos de su propia gestión y erigirse como un baluarte de la ética.

Durante el diálogo, Poggi pretendió justificar la situación utilizando números y comparaciones que resultan, cuanto menos, llamativas. El gobernador minimizó el valor de la cosecha afirmando que, en esa zona del sur de San Luis, las 2.000 hectáreas del campo estatal valen 1,4 millones de dólares, argumentando que "no puede una cosecha de maíz valer dos millones". Baraja precios desactualizados. ¿Impericia o maldad planificada?

Además, se amparó en la liviandad de los argumentos de un fiscal que —bajo una sospechosa sintonía— dio por válida la versión de que no hubo perjuicio al Estado sino una mera "negligencia administrativa", e incluso sugirió que lo obtenido de la trilla no alcanzó para cubrir los gastos del contratista. Los hechos dicen lo contrario.

Poggi usó esto para diferenciarse de la oposición, señalando que en su gobierno los funcionarios implicados renunciaron para defenderse, intentando mostrar una transparencia que la realidad del expediente contradice. 

De una u otra manera, Poggi habló. Y su palabra viene a revelar, implícitamente, que la corrupción no se puede tapar. La verdad siempre sale a la luz. 

Hechos vs. relato 

Detrás del relato oficial, el esquema real de los hechos revela una paradoja escandalosa. El campo El Caburé fue expropiado por el Ejecutivo y quedó bajo la custodia de la entonces Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, conducida por Ricardo André Bazla. 

Bajo el amparo de esa misma oficina encargada de la moral estatal, "desparecieron" 2 millones de dólares en concepto de una cosecha de maíz que pertenecía a los dueños originales del predio.

La investigación no solo tiene a Bazla como principal responsable material, sino que salpica de manera directa a la cúpula del poder provincial. Entre los nombres más comprometidos figuran Víctor Endeiza (por entonces Fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia), señalado por ejercer presión para sepultar la causa; Diego Amondarain (asesor de la gestión y hermano del ministro de Gobierno), quien indicó cómo sacar la cosecha "en negro" y sin la correspondiente carta de porte; y Federico Trombotto (ministro de Desarrollo Productivo), bajo cuya órbita se falsificaron papeles administrativos para intentar emparchar el desastre.

A pesar del enorme aparato estatal desplegado para presionar a los medios y silenciar el tema —lo que explica la sorpresa de Poggi ante el impacto mediático que finalmente tuvo—, el caso se erige hoy como uno de los hechos de corrupción más graves de la historia reciente de San Luis. 

Las contradicciones oficiales son tan explícitas que reflejan que, en este escenario, para el gobernador hubiera sido preferible guardar silencio antes que seguir complicando su propio panorama político.