Con lo que va a San Luis Más se podría dar una suba salarial de $130 mil a los docentes

A pesar de la narrativa oficial de austeridad y la eliminación de ministerios para "reducir el gasto", la realidad administrativa de la provincia de San Luis vuelve a encender la polémica. El Decreto N° 4884-SGG-SC-2026, firmado por el gobernador Claudio Poggi y Diego Masci —ex ministro de Comunicación y actual integrante de la Secretaría General—, revela la asignación de un "Aporte No Reintegrable" por la suma total de 660.000.000 de pesos a favor de San Luis Más Televisión (ex Canal 13).

La magnitud de la cifra cobra una gravedad extrema al contrastarla con la realidad de los trabajadores públicos, sumergidos en un brutal ajuste. Con ese mismo monto que se licúa en el aparato mediático oficial, el Ejecutivo provincial podría haber otorgado de manera inmediata un incremento salarial de 150 mil pesos al personal de salud o de 130 mil a todo el cuerpo docente, sectores que hoy perciben haberes de indigencia y sostienen un reclamo constante por la recomposición de sus ingresos.

El contraste entre las prioridades de la gestión se vuelve todavía más crudo al analizar el equipamiento social y de seguridad que queda postergado. Esos 660 millones representarían, por ejemplo, el valor de 11 patrulleros nuevos para combatir la inseguridad. 

En el ámbito sanitario, equivale a unos 940 audífonos, 2.200 sillas de ruedas, 13.200 pares de muletas o 33.000 sondas gástricas; insumos básicos por los que los ciudadanos puntanos deben mendigar durante meses en los pasillos. Y, ni que hablar de la demanda que hay de medicamentos oncológicos, entre otros.

Para dimensionar la magnitud del millonario aporte al canal oficial, basta con contrastarlo con los fondos que se transfieren a las localidades del interior para su funcionamiento y el bienestar de sus vecinos. 

Los 660.000.000 otorgados a San Luis Televisión superan ampliamente lo que recibieron municipios enteros por coparticipación durante el primer cuatrimestre del año (enero-abril). 

Por ejemplo, la localidad de San Francisco del Monte de Oro recibió en ese período $625.508.576, mientras que Cortaderas percibió $437.428.904 y El Volcán un total de $392.774.467. Esto demuestra que el presupuesto destinado al aparato de propaganda estatal equivale a más de lo que necesita cualquiera de estos municipios para cubrir todas sus necesidades públicas durante cuatro meses completos.

La polémica no solo es económica, sino también política. Mientras se mide la imagen de Masci con miras a una posible postulación legislativa nacional, el dinero público se destina al blindaje mediático. El decreto confirma que, en la balanza del Gobierno, vale más la caja de propaganda que la dignidad y el bolsillo de quienes cuidan y educan a la provincia.