“Había plata en San Luis para cubrir las urgencias sociales, pero alguien no la ejecutó”

En una áspera sesión, a ojos cerrados y con un manotazo oficialista, por mayoría la Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción a las Cuentas de Inversión 2025, que cerraron con un superávit de $43.809,9 millones, según el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Sin embargo, el debate entre los legisladores (cargado de cruces, mensajes políticos y chicanas) estuvo marcado por los reclamos que hay en distintas áreas clave, como educación, falta de personal médico y medicamentos, frente a la acumulación de reservas de la que hace alarde y bandera el Ejecutivo.

El oficialismo, a través de la jefa del bloque, Eugenia Gallardo (ex PANE), defendió el supuesto “equilibrio fiscal” frente a un “déficit fiscal crónico”, destacó la reserva salarial y se lamentó por la caída de las transferencias nacionales.

Pero la propia legisladora reconoció el problema de fondo: el 83% del presupuesto se va en gastos corrientes. “Dos tercios ya están precomprometidos. Solo queda un tercio para salud, seguridad, educación y obra pública”, admitió.

La oposición justicialista fue más dura. Joaquín Beltrán encabezó el rechazo y apuntó a la “contradicción” del Gobierno: “Lo que antes criticaban como ficción contable, hoy lo muestran como un logro”.

El eje central, y en el que se hizo hincapié, fue que, con un tesoro de casi $460.000 millones al cierre de 2025, no se volcó ese dinero a la gente. “Podría haber permitido una política salarial más favorable para médicos, docentes y trabajadores de la salud, o una mayor inversión en infraestructura”, sostuvo el diputado por el departamento Pedernera.

Otros diputados opositores denunciaron subejecuciones concretas en salud mental, adicciones, educación y Vialidad Provincial. “La ciudadanía no solo tiene derecho a saber cuánto se gastó, tiene derecho a conocer qué resultados obtuvo el Estado con esos recursos”, dijo Darío Neira.

“El Gobierno provincial padece una preocupante ineficacia, disfrazada de orden fiscal, que se traduce en la subejecución de las partidas presupuestarias. No gastar el dinero del presupuesto no es un logro económico; es una clara falta de gestión y una insensibilidad absoluta ante las urgencias sociales”, acusó la diputada María José Zanglá. “Todo lo que no se ejecutó —explicó— lo vemos diariamente en las redes sociales, en la cantidad de rifas que se organizan o alias que se difunden para pedir dinero para prótesis, sillas de ruedas o medicamentos. Esto es subejecución porque el dinero estaba y alguien no lo ejecutó”.

En esa línea, desde la oposición remarcaron que la falta de ejecución se tradujo en menos atención para los puntanos en programas que debían estar cubiertos.

La respuesta oficialista llegó con Víctor Moriñigo, quien dijo que a la cuenta “no se le pueden pedir indicadores ni prioridades, solo números”.

La sesión terminó con cruces y el apagado del micrófono a Silvia Sosa Araujo por parte del presidente Alberto Leyes.

Finalmente, las cuentas se aprobaron por 25 votos contra 9.