Imputan a un médico por presunta mala praxis tras una cirugía estética con graves secuelas

Una cirugía estética realizada en un consultorio terminó en una causa penal que ahora pone a un médico en el centro de una investigación por presunta mala praxis y ejercicio ilegal de la medicina. La Justicia de San Luis formuló cargos contra Sergio Raúl Lombardi, acusado de haber provocado graves lesiones a una paciente durante una intervención abdominal que, según la Fiscalía, se practicó en un lugar no habilitado y sin contar con la especialidad requerida.

La denuncia fue presentada por una mujer que en 2023 decidió someterse a una liposucción con minilifting abdominal. Lo que prometía ser un procedimiento estético derivó, de acuerdo con la acusación, en una serie de complicaciones que incluyeron hematomas, pérdida de sensibilidad, rigidez abdominal, adherencias, diástasis muscular, una hernia y secuelas psicológicas.

La investigación sostiene que, ante las quejas por el resultado de la primera intervención, Lombardi volvió a operar a la paciente en 2024. Sin embargo, esa nueva práctica tampoco habría logrado reparar los daños ocasionados.

Para respaldar la imputación, la Fiscalía incorporó la denuncia de la damnificada, historias clínicas, informes del Ministerio de Salud, estudios médicos, un informe psicológico y una pericia que concluyó que las lesiones son compatibles con las intervenciones realizadas.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa negó cualquier responsabilidad. Afirmó que las lesiones obedecen al proceso natural de cicatrización, a condiciones preexistentes de la paciente y al incumplimiento de las indicaciones postoperatorias. También cuestionó la pericia oficial y pidió una nueva evaluación médica.

La defensora fue más allá y sostuvo que la mujer y su esposo habrían intentado presionar al profesional para obtener una compensación económica, planteo que el juez dejó al margen de la audiencia al señalar que, de corresponder, debía investigarse en un expediente separado.

El propio Lombardi declaró ante el juez y aseguró que únicamente realizó procedimientos ambulatorios con anestesia local. Negó haber excedido las incumbencias de su profesión y rechazó que las secuelas denunciadas fueran consecuencia de su actuación.

Tras escuchar a las partes, el juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, dio por formulados los cargos al considerar que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación, aunque aclaró que esa decisión no implica un juicio de culpabilidad.

Como medidas de coerción, el magistrado ordenó que el médico se presente mensualmente durante 120 días ante la Fiscalía para firmar el libro de imputados, le prohibió salir del país y le concedió 45 días para ofrecer un bien en embargo. En cambio, rechazó el pedido para impedirle continuar realizando prácticas médicas y descartó, por el momento, el embargo de cuentas bancarias y la inhibición general de bienes.

La imputación reavivó además un antecedente judicial de Lombardi. En 2022 fue condenado en el fuero civil a indemnizar a la familia de Lucas Lucero, el joven que murió tras ser atropellado por el médico en 2013, cuando conducía alcoholizado.