La Sociedad Rural Argentina: una historia de privilegios y resistencias al cambio

Hay veces que se elogia a una persona o institución por ignorancia, por no saber y confiar en versiones interesadas, y otras veces por complicidad o afinidad, con lo que esas personas o instituciones representan. Algunos de mis hijos y sobrinos cuando han visitado la Rural solo les parece curioso que el Pabellón enorme que da sobre la avenida Santa Fe tenga el nombre del tatarabuelo de ellos, que fuera presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) durante el centenario y el primer ministro de Agricultura de la Nación durante la presidencia del Gral. Roca.

Pero más allá de ese conocimiento circunstancial y de cierto orgullo por su antepasado no tienen idea del significado de esa institución y lo que ha sido a través de su historia.

Así ocurre con muchos que cuando la visitan pareciera que el supuesto ruralismo y las exposiciones de objetos de artesanía criollos les insuflaran ingenuamente un aura de patriotismo que poco tiene que ver con las realidades que surgen de la historia de esa sociedad que no es precisamente un ejemplo que merezca ser admirado.

Es bien conocido cómo gran parte de sus fundadores y otros que continuaron al frente de la SRA aquirieron enormes extensiones que fueron acrecentando al amparo de políticas que favorecieron el crecimiento de esas tierras que se valorizaron exponencialmente, mientras se producía en ellas el ganado que iría a enriquecer a un reducido grupo de familias.

A eso debe sumarse, que obtenían créditos del Banco de la Nación en condiciones muy favorables, que refinanciaban permanentemente, y gran parte de las veces nunca los pagaban, con un enorme grado de morosidad.

Esto lo pude verificar personalmente en una investigación que hice en los libros de actas del directorio del Banco durante la década del 30. Allí podían verse el reciclaje permanente de hipotecas de los más grandes propietarios, todos ellos figuras prominentes de la SRA. Además llegué a tener en mis manos la inhallable denuncia del Dr. Juan B. Justo, que siendo senador de la Nación, investigó y puso en evidencia, que el destino de la mayor parte de los créditos que daba el banco iba destinado a los terratenientes.

Mientras usufructuaban del dinero público, construían castillos en sus estancias, despilfarraban el dinero en Europa, y a los que trabajan los campos, la peonada se le pagaba lo menos posible, y en algunos casos en condiciones de virtual esclavitud.

En los habituales inviernos, la inauguración de la Exposición Rural de Palermo vuelve a presentar a la Sociedad Rural Argentina como la voz del "campo", omitiendo una realidad histórica mucho más compleja, ya que esa Sociedad nunca representó a la totalidad del mundo rural argentino: nació para defender los intereses de los grandes propietarios de tierras y, desde entonces, ha sido uno de los actores políticos y corporativos más influyentes en la preservación de un determinado modelo de país.

El sábado aplaudieron fervorosamente a Milei, y lo mismo lo hicieron con Uriburu, con Onganía y con Videla, mostrando la realidad de lo que defienden.

Si conocemos su historia, podremos observar que la actuación de ese grupo elitista no puede separarse de las grandes disputas políticas y sociales de la Argentina. De manera reiterada en todos los momentos de la historia, cuando se intentó ampliar derechos, democratizar el acceso a la tierra o fortalecer el papel del Estado en la regulación económica, la Sociedad Rural siempre estuvo presente para defender los privilegios de un reducido sector y oponerse a todo cambio que resultara significativo para toda la comunidad.

Sarmiento, en medio de sus luchas, sus contradicciones y el enfrentamiento que tuvo con sectores del poder comprendió desde siempre el peso que adquirían los grandes terratenientes en la vida nacional, su influencia en el diseño de políticas públicas y la exclusiva defensa de intereses minoritarios.

En sus escritos de la década de 1880 cuestionó con dureza a esa elite agraria, a la que caracterizó como una "oligarquía con olor a bosta de vaca", expresión que sintetizaba su crítica a una clase dirigente que confundía el interés privado con el interés nacional.

En esa metáfora condensaba su desprecio por la rusticidad y el poder desmedido de los grandes propietarios de la tierra. Esta élite, según Sarmiento, encarnaba un atraso cultural y político que obstaculizaba el progreso de la Nación, aferrándose a privilegios feudales en un país que buscaba modernizarse

Durante las presidencias de Hipólito Yrigoyen, la Sociedad Rural enfrentó los proyectos de colonización y distribución de tierras fiscales destinados a favorecer a pequeños productores y chacareros. La entidad se opuso sistemáticamente a cualquier iniciativa que alterara la histórica concentración de la propiedad rural. No se trataba solamente de un desacuerdo económico: estaba en juego el modelo de poder construido por los grandes estancieros desde fines del siglo XIX.

Ese enfrentamiento alcanzó su punto culminante en 1930. La Exposición Rural de Palermo se convirtió en una tribuna de abierta oposición al gobierno constitucional de Yrigoyen y la Sociedad Rural integró el amplio frente de sectores civiles que respaldó el golpe de Estado encabezado por el general José Félix Uriburu, el primero de una larga serie de interrupciones del orden democrático argentino.

Unos años ante tuvo lugar uno de los episodios más trágicos de la historia social argentina: la Patagonia Rebelde. Frente a las huelgas de peones rurales que reclamaban mejores condiciones de trabajo, los grandes estancieros patagónicos y las organizaciones representativas de sus intereses exigieron una represión ejemplificadora. Esa presión política y económica desembocó en la campaña militar que culminó con el fusilamiento de centenares de trabajadores rurales a manos del Ejército Argentino.

Si bien no existe evidencia histórica que permita atribuir a la Sociedad Rural la organización directa de aquellos fusilamientos, resulta indiscutible que los intereses de la gran propiedad rural respaldaron la represión que terminó en una de las mayores masacres obreras del siglo XX argentino.

En los años 30, la Sociedad Rural volvió a desempeñar un papel decisivo apoyando el Pacto Roca-Runciman. Mientras amplios sectores nacionales denunciaban que aquel acuerdo consolidaba la subordinación económica de la Argentina al Reino Unido, la dirigencia rural celebraba que asegurara la continuidad de las exportaciones de carne, aun cuando ello implicara aceptar condiciones profundamente desventajosas para el país.

La defensa del negocio exportador volvió a prevalecer sobre cualquier consideración relativa al desarrollo económico nacional. No se trataba solo del negocio de las carnes, sino de los transportes que debían ser británicos, de un Banco Central que debía ser manejado por banqueros privados y de que los intereses del Reino Unido debían quedar consolidados en todos los negocios que se llevaran a cabo en la Argentina, como exigió la diplomacia inglesa en una carta confidencial enviada al ministro Carlos Saavedra Lamas.

El surgimiento del peronismo profundizó aún más esa confrontación, ya que durante la presidencia de Edelmiro Farrell, el entonces secretario de Trabajo y Previsión Juan Domingo Perón impulsó el Estatuto del Peón Rural. En ese entonces, por primera vez los trabajadores rurales accedieron a derechos elementales: jornada laboral regulada, descanso semanal, salario mínimo, vacaciones pagas, asistencia médica y mejores condiciones de vivienda.

La Sociedad Rural combatió abiertamente esa legislación, sosteniendo que introducía "el germen del desorden social" en el campo.

La oposición no terminó allí. La entidad rechazó también la creación del aguinaldo y el conjunto de las reformas laborales impulsadas por el peronismo. Durante la campaña electoral de 1946 se alineó con el frente antiperonista que encontró en el embajador estadounidense Spruille Braden uno de sus principales referentes políticos, en un episodio que Perón sintetizó con la consigna "Braden o Perón".

La caída del gobierno constitucional en 1955 volvió a encontrar a la Sociedad Rural del lado de los vencedores. La entidad respaldó la autodenominada Revolución Libertadora y celebró el derrocamiento de Perón, coherente con una trayectoria en la que los gobiernos militares fueron considerados, más de una vez, instrumentos aptos para restaurar un orden económico favorable a los sectores tradicionales del poder.

La misma lógica reaparecería nuevamente durante las dictaduras de Juan Carlos Onganía y, especialmente, de Jorge Rafael Videla. El programa económico implementado por José Alfredo Martínez de Hoz —miembro de una tradicional familia estrechamente vinculada a la Sociedad Rural— respondió a buena parte de las demandas históricas del establishment agropecuario: apertura económica, desregulación, liberalización financiera y reducción del papel del Estado.

Mientras el terrorismo de Estado desplegaba el aparato represivo más brutal de la historia argentina, los principales sectores corporativos del poder económico encontraban en ese programa una respuesta favorable a sus intereses. Jamás en ninguno de los tantos documentos de la Sociedad Rural se podrá encontrar alguna critica al proyecto de los genocidas.

Estos apoyos reflejan cómo la oligarquía rural siempre priorizó sus privilegios económicos por encima de los valores democráticos.

Con el regreso de la democracia tampoco desaparecieron los conflictos. La Sociedad Rural mantuvo su histórica oposición a políticas redistributivas, regulaciones estatales y reformas tributarias que afectaran la renta del gran capital agrario.

El presidente Alfonsín fue víctima de una orquestada repulsa y chiflidos durante su asistencia a la Rural, mostrando la grosería de sectores que supuestamente se creen cultos, y solo son el exponente de grupos retrógrados que se creen privilegiados debido al poder económico que tienen.

El conflicto por las retenciones móviles de 2008 fue apenas el episodio más visible de una continuidad histórica mucho más extensa.

Nada de esto significa desconocer la importancia económica del sector agropecuario ni el papel decisivo que desempeñan miles de pequeños y medianos productores en el desarrollo nacional. Precisamente por eso conviene distinguir entre el campo y la Sociedad Rural.

El campo argentino es diverso, heterogéneo y plural. La Sociedad Rural, en cambio, ha representado históricamente a un sector específico: el de los grandes propietarios rurales y el de una élite económica que, durante más de un siglo, defendió con notable coherencia sus intereses, aun cuando ello implicara respaldar gobiernos de facto, resistir la ampliación de derechos sociales o enfrentar políticas orientadas a una mayor democratización económica.

En la actualidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 1% de los propietarios rurales concentra más del 40% de la tierra productiva, evidenciando una desigualdad estructural que persiste. Esta acumulación de riqueza no solo se traduce en poder económico, sino también en influencia política, permitiendo a esos grupos moldear políticas públicas a su favor, desde exenciones impositivas hasta subsidios agrarios.

La culminación de los criterios tradicionales con los que se manejó la SRA, fue su apoyo irrestricto al gobierno de Menem, que la compensó regalándole prácticamente el predio por una suma inferior a cuatro veces su valor real lo que dio lugar a un largo proceso penal.

La historia de la Sociedad Rural Argentina no puede entenderse únicamente como la historia de una entidad empresaria. Es también la historia de una de las corporaciones más poderosas e influyentes del país, protagonista central de las disputas entre privilegio e igualdad, entre concentración y distribución, entre una Argentina concebida para unos pocos y otra pensada para las grandes mayorías.

La Argentina moderna no puede construirse ignorando esa historia. No puede haber justicia social sin justicia territorial. Y no puede haber democracia plena si quienes aplaudieron los crímenes más atroces de nuestra historia siguen sentándose en las mesas del poder sin haber rendido cuentas.