Durísimo revés para el Gobierno en la causa de "El Caburé"

Un fallo judicial que se conoció este viernes deja en una posición tan bochornosa como incómoda al gobierno provincial encabezado por el gobernador Claudio Poggi. La resolución determina que fue indebida, violenta y clandestina la toma de posesión del campo “El Caburé” que era explotado por un grupo de productores.

Esa sociedad sembró las dos mil hectáreas de maíz valuada en 2 millones de dólares y tras la cosecha en 2024 en medio de una maniobra delictiva calificada como “robo o en todo caso misteriosa desaparición”. El hecho involucra a varios funcionarios como el secretario de la Ética Ricardo André Bazla (ahora ex), el ministro Federico Trombotto y el ministro del Superior Tribunal de Justicia y ex fiscal de Estado, Víctor Endeiza.

La resolución que le da la razón a los productores que tenían la posesión del establecimiento, corresponde a la jueza Cinthia Fernández Paz, que se expidió en una demanda civil que plantearon los abogados que los representan. Uno de los letrados es Alejandro Viano que asesora a Alejandro Ingaramo.

La magistrada, en un extenso documento con una pormenorizada descripción y fundamentación, reconoció que la expropiación que tanto propaló Ricardo Bazla con la autorización del ex fiscal de Estado Víctor Endeiza, fue “con violencia y clandestinidad por parte del gobierno provincial”. En igual tenor remarca que los demandantes fueron despojados “del maíz que sembró en el inmueble inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble con violencia y clandestinidad”.

Si bien le reconoce los derechos a la sociedad de productores y le da herramientas para continuar luchando en otros ámbitos de la justicia, no les restituye el campo “El Caburé”. “Fue despojada por una medida judicial provisoria”.

“La jueza le da la razón a las sociedades que tenían la explotación de El Caburé, en relación a que ellos tienen que recobrar la posesión del establecimiento. Dice que hay una intromisión ilegal del gobierno, que los productores estaban en posesión del campo, que el expediente donde hacen el cese de la explotación del campo no estaba notificado, todo punto por punto”, dijo una fuente vinculada al caso.

Entonces, -continuó- avala que los ruralistas tienen razón en tener y reclamar por la posesión del campo, pero por sobre todo que al momento de la siembra eran poseedores de buena fe.  “De esta forma la versión del fiscal de Estado de que sembraron en terreno ajeno y con mala fe se les cae a pedazos como los delitos que les imputan”, resumió una fuente judicial que sigue con atención la evolución del culebrón de “El Caburé”.