Milagro patronal: Poggi homologó fondos para La Toma tras la asfixia financiera

En vísperas del 8 de agosto, cuando la comunidad de La Toma se dispone a celebrar la festividad de su patrono Santo Domingo de Guzmán y en pleno desarrollo de la novena, la llegada de fondos provinciales adquiere casi el tinte de una intervención providencial.

Sin embargo, detrás del tan esperado desembolso no hubo un milagro celestial, sino la concreción de una persistente estrategia de asfixia y presión política ejercida desde Terrazas del Portezuelo contra los municipios opositores.

Desde el inicio de su gestión, el gobernador Claudio Poggi ha mantenido una marcada línea de persecución económica hacia aquellos intendentes que no responden a su color político. Un mecanismo que llevó a varias comunas justicialistas a replegar sus reclamos institucionales a cambio de no ver paralizadas las cuentas públicas localizables en el interior provincial.

El caso de La Toma resulta paradigmático. Su intendente, Walter Contreras —reconocido por su trato afable y moderado, pero firme en la defensa de los recursos de su pueblo—, mantuvo durante meses una demanda judicial por la baja unilateral del histórico Tratado de La Toma.

Frente al ahogo financiero constante y el sistemático rechazo del diálogo institucional, el jefe municipal se vio forzado en junio a dar el paso requerido por el Ejecutivo: firmar el desistimiento de la acción judicial.

Con la rendición forzada, se oficializó finalmente el Decreto Nº 7225-MG-2026. A través de la norma, el Gobierno homologó el Acuerdo Bilateral "Construyendo con tu Pueblo 2026" e incluyó el otorgamiento de un Aporte del Tesoro Provincial (A.T.P.) por $111.486.000,00, destinado a integrar un fondo común de $222.972.000,00 para obras públicas locales que la propia comuna coparticipará en cuotas.

Para La Toma, el alivio económico llega justo cuando la fe del pueblo apela a su Santo Patrono. Pero en el plano político, el decreto deja en evidencia el precio que deben pagar las gestiones locales para acceder a los recursos que por derecho corresponden a sus vecinos: la renuncia explícita a la defensa judicial de sus autonomías.