Poggi, el “guardián institucional”, y una reforma con las casualidades en fila

Claudio Poggi gusta presentarse como un guardián de las instituciones. Un gobernador respetuoso de la división de poderes, de la independencia de la Justicia y, por supuesto, de la autonomía de una Legislatura en la que cada representante decide según sus propias convicciones.

Convicciones que, a veces, tienen una extraordinaria coordinación temporal.

Para entender la reforma constitucional no hace falta empezar por sus artículos. Hay que mirar el calendario.

Primero fue Federico Trombotto.

El dirigente asumió como senador provincial y ocupó una banca desde la cual el oficialismo necesitaba construir los números para uno de los proyectos políticos más importantes de Poggi.

Después llegó el Senado.

Con Trombotto ya sentado en su banca, la Cámara alta aprobó el proyecto de reforma constitucional y le dio media sanción. La iniciativa que el Gobierno presentó como una necesidad institucional había superado su primera prueba legislativa.

Luego llegó Diputados.

Allí apareció otro de los votos necesarios para que el proyecto terminara de atravesar la Legislatura. Una diputada oriunda de una localidad del interior acompañó la reforma y contribuyó con su voto a convertir en ley la iniciativa impulsada por el Ejecutivo.

Hasta ahí, política. Después vino el presupuesto.

La localidad de la legisladora que había acompañado el proyecto terminó beneficiada con una partida presupuestaria.

Ese orden importa.

No fue primero la partida y después el voto. Tampoco ocurrió todo simultáneamente.

Primero Trombotto volvió al Senado. Después el Senado aprobó. Luego Diputados hizo lo propio. Y finalmente llegaron los recursos para la localidad.

Puede tratarse, naturalmente, de una sucesión de hechos absolutamente independientes.

La política también está llena de casualidades.

Lo interesante es que algunas tienen una puntualidad admirable.

No hace falta afirmar que existió un acuerdo ni mucho menos un intercambio. No hay elementos que permitan sostener semejante cosa. Pero tampoco corresponde amputarle al lector la posibilidad de observar la secuencia completa.

Porque mientras públicamente se hablaba de institucionalidad, modernización y necesidad de actualizar la Constitución, por debajo corría otra discusión bastante más terrenal: conseguir los votos.

Y se consiguieron.

Después apareció otro número: alrededor de 3.000 millones de pesos destinados al proceso que abre la reforma. Una cifra nada despreciable para una provincia que deberá financiar la maquinaria necesaria para modificar su Carta Magna.

Poggi podrá decir que todo ocurrió dentro de las reglas.

Y tendrá razón.

Trombotto podía asumir. Los senadores podían votar. Los diputados podían acompañar. El Ejecutivo podía asignar recursos a una localidad. Y la Provincia puede gastar miles de millones para reformar su Constitución.

Todo legal. Todo institucional.

El asunto de Mesa Cinco nunca fue solamente qué puede hacerse.

A veces resulta bastante más interesante mirar en qué orden se hace.

Primero el cargo.

Después los votos.

Y cuando la reforma ya estaba aprobada, llegó la partida.

El guardián de las instituciones puede quedarse tranquilo.

El calendario también votó.