Se llevaron detenida a la jefa de Guardia del Perón y ahora denuncia a policías y fiscales

La escena ocurrió en uno de los lugares donde menos margen existe para improvisar: la guardia del Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes. Allí, mientras se atendía una emergencia, la jefa de Guardia, María Florencia Como, terminó siendo retirada de su lugar de trabajo y trasladada a la Comisaría Novena.

Ahora la médica llevó el episodio a la Justicia. En su denuncia sostiene que fue amenazada, intimidada y privada ilegítimamente de su libertad mientras cumplía funciones. También cuestiona el procedimiento policial y pide que se investigue la actuación del fiscal adjunto Marcelo Palacios y del fiscal José Olguín.

El episodio se habría iniciado a partir de la llegada al hospital de un hombre que tenía un proyectil alojado en una de sus manos. Según la versión que dio origen al procedimiento, la médica se habría negado a atenderlo. Como sostiene en su denuncia, la situación fue diferente: asegura que nunca rechazó la atención y que en ese momento estaba ocupándose de otra emergencia de mayor gravedad y con riesgo para la vida del paciente.

Ese punto es central en su presentación. Como sostiene que aplicó el criterio de triage, que obliga al personal médico a establecer prioridades según la gravedad de cada caso. Desde esa perspectiva, que un paciente deba esperar mientras se atiende una emergencia vital no implica una negativa de atención.

La discusión terminó derivando en una intervención policial que, según la denuncia, tuvo una consecuencia particularmente delicada: la jefa de Guardia fue retirada del lugar mientras el servicio continuaba funcionando con pacientes dentro del hospital.

La médica describe el procedimiento como una actuación abusiva y sostiene que fue trasladada contra su voluntad a la Comisaría Novena. En su presentación habla de apremios, privación ilegítima de la libertad y violencia institucional.

Pero la denuncia no apunta solamente contra los efectivos que participaron del procedimiento. Como pidió que también se determine qué intervención tuvieron los funcionarios judiciales que actuaron en el episodio, particularmente Palacios y Olguín.

Ambos fiscales tienen a su cargo investigaciones de relevancia en Villa Mercedes. En causas anteriores aparecen actuando conjuntamente, entre ellas una investigación por la muerte de un hombre baleado en diciembre de 2024.

Palacios, además, ya estuvo en el centro de otra controversia judicial. En diciembre de 2025, el Jurado de Enjuiciamiento desestimó una denuncia presentada contra el fiscal por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y extorsión. El organismo consideró aquella presentación “infundada y maliciosa” y dispuso 12 horas de arresto domiciliario para los abogados denunciantes.

Ese antecedente no determina lo ocurrido ahora, pero forma parte del contexto en el que la nueva denuncia pone bajo la lupa la actuación de los funcionarios judiciales.

La pregunta que deberá responder la investigación es concreta: ¿quién ordenó retirar a la médica de la guardia y trasladarla a una dependencia policial y bajo qué fundamentos?

También deberá establecerse qué ocurrió dentro del hospital, qué instrucciones recibió la Policía, cuál fue la situación médica que se estaba atendiendo en ese momento y si la intervención sobre la jefa de Guardia se ajustó a los procedimientos legales y sanitarios correspondientes.

Por ahora, lo que existe es una denuncia. Será la Justicia la que deberá determinar si hubo un delito, un abuso de autoridad o una actuación legítima de los funcionarios intervinientes.

Lo que vuelve especialmente sensible el caso es el lugar donde ocurrió: una guardia hospitalaria. Porque detrás de la disputa entre una médica y funcionarios policiales y judiciales hay una cuestión que deberá ser esclarecida con precisión: si una profesional puede ser retirada de su puesto mientras decide qué paciente necesita atención urgente y quién puede esperar.