La causa que incomoda al Gobierno seguirá abierta hasta febrero y recuperó a sus querellas

La causa por el destino de la cosecha de maíz de El Caburé no se cerrará pronto. El juez de Garantía 1 de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, prorrogó por siete meses la investigación, que ahora tiene plazo hasta febrero de 2027, mientras siguen vigentes las medidas de coerción sobre Ricardo André Bazla y Darío Oviedo Helfenberger.

La extensión fue solicitada por la Fiscalía para producir nuevas pruebas antes de resolver el rumbo procesal del expediente, que investiga presuntas irregularidades en la administración del campo expropiado por la Provincia y el faltante de una cosecha valuada en millones de dólares. La prórroga expone, a la vez, que a más de un año de la expropiación y varios meses de investigación penal, todavía no hay una respuesta pública concluyente sobre el destino de esos granos.

Pero la novedad posterior sumó otra tensión al caso. Cuello dejó sin efecto la decisión fiscal que había apartado a Enrique Vaira y Alejandro Ingaramo como querellantes y les devolvió participación plena en el expediente. El magistrado entendió que podrían haber sido víctimas de los hechos investigados y que su intervención puede aportar elementos al esclarecimiento.

La resolución es política e institucionalmente incómoda: mientras la Fiscalía había cuestionado la legitimación de los denunciantes, el juez sostuvo que podían seguir en la causa para ofrecer prueba y formular planteos. No se trata de un detalle técnico. En una investigación que alcanza a exfuncionarios del Gobierno, limitar la intervención de quienes denunciaron podía reducir el impulso sobre las decisiones, contratos y responsabilidades que todavía deben revisarse.

La defensa de Bazla, a cargo de Bautista Rivadera, apeló el fallo. Así, mientras la investigación se estira hasta febrero, también queda abierta una disputa por quiénes podrán empujarla y controlar que el expediente no pierda fuerza.

Bazla, exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, y Oviedo están imputados. Esa situación no equivale a una condena, pero el caso conserva una contradicción difícil de disimular: una Secretaría creada para velar por la ética pública quedó en el centro de una causa que investiga el manejo de bienes estatales. Tras la imputación de Bazla, el Gobierno eliminó esa área de su organigrama.

El Caburé continúa así como una prueba pendiente para el oficialismo: no alcanza con señalar responsabilidades individuales si no se explica cómo funcionó la estructura estatal durante la expropiación, quién controló la cosecha y por qué el Estado no informó con claridad qué ocurrió con un activo de semejante valor.

Otras caras del escándalo 

Los otros sospechados en el escandaloso caso con repercusión nacional son el ministro de Desarrollo Productivo Federico Trombotto, el ministro de Gobierno Gonzalo Amondarain, su hermano Diego Amondaraín (hace pocos días le renovaron su vínculo como asesor del gobierno) y, entre otros, el productor agropecuario Francisco "Pancho" Anselmi que se encargó de cosechar la millonaria siembra de maíz.

Otra pieza clave en el culebrón que incomoda a toda la estructura gubernamental, es el ex fiscal de Estado Víctor Manuel Endeiza. El actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, que forma parte del grupo de máxima cercanía del gobernador Poggi, fue quien a mediados del 2024 le dio a Oviedo Helfenberger la orden de cosechar las dos mil hectáreas de maíz. "Si, cosechálo", lo autorizó a través de un mensaje de WhatsApp.