Dos años sin Renato Fuentes: dudas y preguntas sin respuestas en un caso clave

A dos años del homicidio de Renato Fuentes, ocurrido el 20 de septiembre de 2024 en Cortaderas, la investigación transita por un camino repleto de sombras. Mientras otros procesos judiciales en la provincia avanzan a un ritmo dinámico, la causa por la muerte del efectivo policial presenta una dilación llamativa que da la constante sensación de estar congelada.

Ante este escenario de parsimonia y desidia, sobrevuelan preguntas inevitables: ¿por qué no se soluciona?, ¿por qué no avanza la investigación con firmeza?, ¿qué hay realmente detrás de este escenario?

El caso, que conmocionó a toda la fuerza y a la sociedad puntana, tiene oficialmente como único imputado a Julio Daniel Lescano, acusado de robo calificado y homicidio criminis causa. Sin embargo, el expediente está lejos de agotar las responsabilidades.

Meses atrás, la querella representada por el abogado Gustavo Reviglio apuntó directamente contra la fiscalía por "comodidad" y exigió investigar a jefes policiales y a la propia cúpula del Ministerio de Seguridad, advirtiendo un grave trasfondo de abandono de persona debido a la precariedad con la que trabajaban los uniformados, como la alarmante falta de chalecos antibalas en la subcomisaría.

Las dudas sobre cómo se sucedieron los hechos aquella madrugada se profundizaron drásticamente por las declaraciones de Nancy Muñoz, viuda de Fuentes, quien en abril expresó públicamente su absoluta indignación con el rumbo de la causa.

Con duras sospechas sobre el accionar policial, Muñoz llegó a declarar públicamente: "Tengo la corazonada de que a Renato lo mató la misma policía porque vio lo que no tenía que ver", denunciando además la preocupante desaparición de elementos probatorios claves, como registros de la autopsia.

Por su parte, los intentos de la querella por ampliar la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para determinar si existieron responsabilidades políticas y negligencias administrativas que derivaron en la muerte del oficial han encontrado resistencia en los estrados judiciales. Aunque la Justicia ordenó medidas de rigor como la reconstrucción del hecho, el fantasma de la impunidad y la falta de respuestas claras continúan pesando sobre el expediente.

A dos años de aquel operativo fatal que se cobró la vida de un efectivo que intentó evitar un delito, la familia y la sociedad siguen reclamando verdad y justicia, exigiendo que la causa no quede en el olvido institucional y se esclarezcan por completo todas las zonas oscuras que rodean el caso.