SAN LUIS - Domingo 06 de Septiembre de 2026

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Cárcel de La Botija: un interno universitario cumple una huelga de hambre

Ricardo Alfredo Miranda, estudiante de la Tecnicatura en Comunicación y Medios de la ULP, protesta desde el 28 de agosto. Denuncia boicot a sus estudios, traslados de castigo y el desamparo de sus dos hijas.

Por redacción
| Hace 3 horas

Ricardo Alfredo Miranda, de 39 años, condenado a 8 años de prisión y estudiante regular de la Tecnicatura en Comunicación y Medios de la Universidad de La Punta, cumple 7 días en huelga de hambre extrema en el Complejo Penitenciario II Pampas de las Salinas, en La Botija.

 

Miranda expone que inició la medida el viernes 28 de agosto y que utiliza la plataforma digital académica como su único canal de comunicación libre, porque asegura que sus notas escritas al Superior Tribunal son interceptadas en el penal.

 

 

Lo que denuncia Miranda es un patrón de represalias por reclamar condiciones dignas. Relata que tras denunciar ante el Juzgado de Ejecución Penal de la jueza María Itatí Zudaire Carricaburu la falta de atención médica, medicamentos, frío extremo y mala calidad alimentaria, fue sacado del Pabellón de Educación Superior y trasladado primero al Pabellón A del Módulo 2 y luego al Pabellón A del Módulo 1, donde dice estar en total desprotección.

 

 

El eje de su reclamo es el derecho a estudiar. Denuncia que la administración del penal le retiró su computadora personal de la celda argumentando que la modalidad de la ULP es asincrónica. Sostiene que se confunden los minutos de conexión para bajar archivos con las decenas de horas de lectura y redacción que la carrera exige fuera de línea. Cuando tenía la herramienta, promocionó las 9 materias de primer año de forma sobresaliente. Sin ella, de 6 materias de segundo año solo aprobó 2 y quedó libre en 3. Hoy cursa 5 y sigue sin poder estudiar.

 

 

También denuncia una requisa violenta que califica como un accionar dirigido, donde le dañaron la computadora nueva, le falsearon los tornillos, le partieron la tapa trasera y la golpearon con una palanca. Su olla eléctrica, único medio para tomar algo caliente contra el frío, dejó de funcionar tras esa requisa.

 

 

Miranda denuncia además el impacto sobre su familia. Sandra Beatriz Lozano, adjutora del Servicio Penitenciario, fue cesanteada por ser su esposa, lo que dejó sin ingresos al hogar. Sus hijas, de 14 y 5 años, se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

 

 

En su escrito, afirma que por las noches se sustentan con mate cocido y pan o fideos y arroz seco, y que su hija menor no conoce lo que es un yogurt o llevar una merienda al jardín, además del estado de ruinas de la vivienda familiar.

 

 

A eso se suma la distancia. Pampa de las Salinas está a más de 300 kilómetros de la capital. En más de un año, solo pudo ver a su familia dos veces por cuatro horas, y denuncia que las visitas conyugales le son negadas sistemáticamente.

 

 

En sus escritos deja una reflexión: "Cometemos errores en la vida, y por ellos estamos pagando nuestra deuda con la justicia. Sin embargo, esos errores del pasado no nos despojan de nuestra dignidad humana ni de la posibilidad de cambiar de rumbo"

 

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