La parcialidad de los juzgamientos

Si recorremos la  historia argentina desde sus inicios independentistas podemos observar que  se encuentra atravesada por conflictos políticos intensos que, en distintos momentos, derivaron en enfrentamientos armados entre facciones en pugna. Desde las guerras civiles que siguieron a la crisis de 1820 hasta la consolidación del Estado nacional, la violencia formó parte —con distinta intensidad— de la disputa por el poder y la organización del país. Ya en el siglo XX, tras décadas de gobiernos constitucionales —más allá de las prácticas fraudulentas que marcaron algunos períodos—, esa inestabilidad encontró una nueva expresión en la irrupción sistemática de las Fuerzas Armadas en la vida institucional. El golpe encabezado por José Félix Uriburu en 1930 inauguró una secuencia de interrupciones del orden democrático que se repetiría en 1943, 1955, 1962 y 1966. En todos los casos, los sectores golpistas apelaron a un mismo repertorio justificatorio: la supuesta incapacidad de los gobiernos civiles, la necesidad de “reordenar” la Nación y la promesa de corregir los déficits del sistema democrático.

Sin embargo, más allá de sus diferencias, esos regímenes compartieron la pretensión de ejercer un tutelaje sobre la vida política, arrogándose un rol de árbitros supremos del destino nacional. Lo que no tuvieron —al menos no con la sistematicidad, la profundidad y la brutalidad que se vería después— fueron las características que definirían a la dictadura instaurada el 24 de marzo de 1976: un régimen que no solo interrumpió el orden constitucional, sino que desplegó un proyecto integral de transformación económica y social, sostenido por un aparato represivo clandestino y una violencia estatal sin precedentes en la historia argentina. La última dictadura cívico-militar argentina no fue solo un régimen de facto: fue un proyecto integral de reconfiguración del país. Bajo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, se desplegó una transformación simultánea en los planos económico, social y cultural, sostenida por un aparato represivo de una ferocidad inédita en la historia nacional.

En el plano represivo, el régimen encabezado por Jorge Rafael Videla instauró un sistema sistemático de desaparición forzada de personas, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. No se trató de excesos aislados, como muchos apologistas de la dictadura sostienen, sino de un plan deliberado destinado a eliminar toda forma de oposición política, sindical, estudiantil e intelectual. La represión no solo apuntó a organizaciones armadas, sino que se extendió a amplios sectores de la sociedad: delegados gremiales, docentes, periodistas, artistas y militantes sociales, y aún a personas insospechadas de atentar contra el gobierno como la diplomática Elena Holmberg Lanusse, el embajador Hidalgo Solá, el  periodista Edgardo Sajón, y los obispos Ponce de León y Angelelli , además de sacerdotes que solo intentaban llevar palabras de aliento a las familias de los perseguidos y que también denunciaban lo que estaba ocurriendo. El terror fue el instrumento para disciplinar a la sociedad, pero ese disciplinamiento tenía un objetivo más profundo respecto a modificar estructuralmente a la Argentina en todos los ámbitos.

En lo económico, el programa impulsado por José Alfredo Martínez de Hoz significó un cambio estructural del modelo productivo. Se abandonó el esquema de industrialización sustitutiva para dar paso a una apertura financiera y comercial que benefició a sectores concentrados en detrimento de la industria nacional. La desregulación, la valorización financiera y la especulación se impusieron como ejes del nuevo orden. 1.- La Deuda externa: pasó de aproximadamente 7.800 millones de dólares en 1975 a más de 45.000 millones en 1983, es decir, se multiplicó casi por seis en apenas siete años. 2.- Fuga de capitales: diversos estudios estiman que durante el período salieron del país decenas de miles de millones de dólares, en muchos casos vinculados a endeudamiento externo tomado por el propio Estado. 3.- Estatización de deuda privada (1982): mediante decisiones del Banco Central, se transfirieron al Estado obligaciones contraídas por grandes grupos económicos en su gran mayoría deudas ficticias, consolidando un mecanismo de socialización de pérdidas y privatización de ganancias. 4.- Salario real: sufrió una caída abrupta, con pérdidas superiores al 30–40% en los primeros años del régimen, deteriorando de manera drástica el poder adquisitivo de los trabajadores.5.- Participación de los trabajadores en el ingreso: descendió desde niveles cercanos al 50% en la década del 70 a alrededor del 30% o menos hacia el final de la dictadura. 6.- Industria nacional: la apertura importadora y la política cambiaria provocaron el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, acelerando un proceso de desindustrialización. 7.- Inflación y tasas de interés: la llamada “tablita cambiaria” y la liberalización financiera incentivaron la especulación. Las tasas reales positivas fomentaron la valorización financiera por sobre la producción.

Este modelo no fue improvisado: respondió a una lógica clara de reestructuración en favor de sectores concentrados, tanto locales como internacionales. El sistema financiero adquirió un protagonismo inédito, mientras la economía real —industria, trabajo, mercado interno— era deliberadamente debilitada. El resultado fue devastador: desindustrialización, aumento del desempleo, caída del salario real y una transferencia masiva de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía. Paralelamente, se desarrolló un proceso de endeudamiento externo sin precedentes. La deuda pública se multiplicó varias veces en pocos años, en muchos casos a través de mecanismos fraudulentos, como la estatización de deudas privadas.

Ese proceso fue investigado judicialmente en la conocida Causa Olmos, donde se acreditaron numerosas irregularidades, ilegalidades y maniobras ilícitas en la contratación de la deuda. Sin embargo, pese a la contundencia de los hallazgos, la causa fue dejada prescribir deliberadamente, evitando así la identificación y sanción de los responsables civiles y económicos de ese entramado fraudulento.

En el plano social, las consecuencias de este programa económico fueron de extrema gravedad. La combinación de caída salarial, desempleo, destrucción del aparato productivo y represión sindical desarticuló el entramado social construido durante décadas. La intervención de sindicatos, la prohibición de la actividad política y la persecución de dirigentes obreros eliminaron cualquier posibilidad de resistencia organizada.. En lo cultural, el impacto también fue profundo, ya que proliferó la censura, la persecución ideológica y un intento sistemático de erradicar toda expresión crítica. Libros prohibidos, artistas exiliados, universidades intervenidas: se buscó moldear un nuevo sentido común acorde con los valores del régimen, donde la política debía ser desterrada de la vida cotidiana.

Ahora bien, hay un aspecto central que ha quedado históricamente relegado: la responsabilidad de los actores civiles, económicos y financieros que no solo apoyaron, sino que diseñaron y se beneficiaron del modelo impuesto por la dictadura. Si bien la recuperación democrática permitió el juzgamiento de las juntas militares, un hito histórico en América Latina, ese proceso fue incompleto. Mientras que las juntas militares fueron juzgadas tras el retorno democrático, los autores intelectuales del modelo —quienes planificaron la apertura financiera, el endeudamiento masivo y la transferencia de ingresos— no enfrentaron procesos judiciales equivalentes. Tampoco quienes intervinieron en las maniobras ilícitas de la deuda externa. Esta asimetría no es menor, debido a que  el terrorismo de Estado no fue un fin en sí mismo, sino el medio para imponer un modelo económico que difícilmente hubiera sido aceptado en un contexto democrático. La represión y la política económica formaron parte de un mismo proyecto colonizador y dependiente.

Los autores intelectuales del proyecto económico y social —grandes grupos empresariales, sectores financieros y técnicos que diseñaron las políticas— nunca fueron llevados ante la justicia. Tampoco lo fueron quienes participaron en las maniobras ilícitas de endeudamiento. La impunidad no fue solo jurídica, sino también política y estructural. Esta asimetría en la rendición de cuentas plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿puede considerarse completa la justicia cuando solo se juzga a los ejecutores directos del terror, pero no a quienes pensaron, promovieron y se beneficiaron del modelo que ese terror hizo posible? Esta cuestión no es meramente jurídica, sino profundamente política e histórica. Porque el terrorismo de Estado desplegado durante el Proceso de Reorganización Nacional no fue un fenómeno autónomo ni desconectado de intereses concretos. La represión sistemática, la desaparición de miles de personas y la destrucción de organizaciones sociales no pueden entenderse al margen del programa económico que se implementó en paralelo. En ese sentido, la violencia no fue un exceso: fue una condición de posibilidad.

Sin embargo, mientras que figuras como Jorge Rafael Videla fueron juzgadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad —un avance histórico incuestionable—, no ocurrió lo mismo con los actores civiles que diseñaron, facilitaron o se beneficiaron del nuevo orden económico. Grandes grupos empresarios, sectores del sistema financiero, técnicos y funcionarios que ocuparon posiciones clave en la formulación de políticas públicas, quedaron al margen de cualquier proceso de responsabilidad penal.

Los gobiernos de la democracia –sin excepción– ejercieron una suerte de criterio selectivo respecto de los actos del gobierno militar, limitando el enjuiciamiento de los hechos a las violaciones de los derechos humanos: como la desaparición forzada de personas, el robo de bebés, la aplicación de tormentos y las acciones delictivas conexas. Como contrapartida, se respetaron con escrupulosidad los compromisos internacionales, se pagaron sin discusión todas las sumas comprometidas durante décadas a través de distintas refinanciaciones; se reconocieron cuentas dudosas y registros nutridos de diversas falencias, se pagaron deudas ficticias, después de establecida su ilegalidad por auditores del Banco Central, llegándose al extremo de contratar a bancos acreedores para que establecieran las formas en que la deuda debía pagarse. La Procuración del Tesoro se convirtió en abogada de los bancos acreedores, aceptando las imposiciones de estos en sus dictámenes. Se ratificó la estructura legal de la dictadura, contratándose abogados externos que respondían a los acreedores. En ningún caso se enjuició a los responsables intelectuales del desguace del Estado, y a aquellos que comprometieron los activos de la República para favorecer a los usureros y los especuladores. La legalidad estuvo ausente respecto al endeudamiento, porque se prefirió aceptar el realismo y la imposición de los mercados que siempre fijaron sus condiciones, los límites de negociación, y hasta se quedaron con la mayor parte de los activos públicos durante la década del 90, contando con la participación de la mayor parte de la dirigencia política que autorizó la disposición de esos bienes.

La Causa Olmos constituye un ejemplo paradigmático de esa deuda pendiente. Allí se documentaron múltiples irregularidades en el proceso de endeudamiento externo: desde la estatización de pasivos privados hasta la ausencia de controles en la contratación de créditos. No se trató de errores administrativos, sino de un entramado sistemático que permitió transferir recursos públicos hacia intereses privados. Sin embargo, la falta de impulso judicial y la prescripción de la causa consolidaron un esquema de impunidad que excede lo estrictamente económico: habla de los límites que tuvo —y en parte aún tiene— la democracia para revisar integralmente ese pasado.

Esta fragmentación de la justicia genera un efecto distorsivo en la memoria colectiva. Se construye una narrativa donde la dictadura aparece reducida a su dimensión represiva —central, sin duda— pero despojada de sus vínculos estructurales con intereses económicos concretos. De ese modo, se invisibiliza que el terror no solo buscó eliminar opositores, sino también allanar el camino para una profunda reconfiguración de la sociedad. De tal manera que revisar ese pasado en toda su complejidad no es un ejercicio meramente histórico, es una condición indispensable para comprender muchas de las continuidades económicas y sociales que aún persisten. La concentración económica, la primacía de la valorización financiera, la fragilidad del aparato productivo y el peso estructural del endeudamiento no son fenómenos recientes ni aislados: tienen raíces profundas en aquel período. A ello debe sumarse una estructura legal que se continuó en el tiempo, diseñada por los que iban a resultar beneficiarios de la misma, y esa estructura no solo no se la quiso modificar, sino que por el contrarió se la legitimó en los años 2013-2104, por decisión de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

Tampoco debemos dejar de lado que existe una dimensión ética insoslayable que no puede ser excluida al considerar todos los hechos que sucedieron a partir de 1983. Una sociedad que juzga parcialmente su pasado corre el riesgo de naturalizar ciertas formas de poder y de impunidad, ya que cuando los beneficiarios de un modelo construido bajo condiciones de violencia extrema no son interpelados, se consolida la idea de que existen esferas de responsabilidad que quedan fuera del alcance de la justicia.

Las preguntas que debemos hacernos sobre ese no juzgamiento que hemos descripto no pierden vigencia, sino que se vuelven cada vez más urgentes. No se trata de equiparar responsabilidades ni de diluir la gravedad de los crímenes de lesa humanidad, sino de comprender que el terrorismo de Estado y el modelo económico formaron parte de un mismo proyecto histórico, y que, en consecuencia, una justicia verdaderamente plena debería abarcar ambas dimensiones. La dictadura no solo dejó desaparecidos y dolor: dejó también un modelo de país, cuyos efectos, en muchos aspectos, siguen vigentes, y cuya comprensión exige mirar no solo a quienes empuñaron las armas, sino también a quienes, desde escritorios más silenciosos, diseñaron el rumbo que esas armas impusieron.