Foto de impunidad: Poggi riega maíz mientras el caso El Caburé acorrala a sus funcionarios

Este viernes, en el kilómetro 38 de la Ruta Nacional N°146, el escenario parecía montado para el marketing oficial de cada inicio de gestión. El gobernador Claudio Poggi, flanqueado por funcionarios provinciales y autoridades de San Luis Agua, daba inicio a su Gira Institucional inaugurando el acueducto Recodo Sur. 

Sin embargo, lo que pretendía ser un acto de gestión derivó en una postal cargada de cinismo y simbolismo político: el mandatario posó sonriente, manguera en mano, regando una plantación de maíz ante la mirada de las cámaras.

La imagen constituye una paradoja que hiere la sensibilidad de los puntanos por partida doble. En primer lugar, por el contraste social inmediato, ya que mientras el gobernador derrama agua para la foto en el departamento Belgrano bajo el discurso de un Plan Maestro del Agua, miles de vecinos de la zona sur de la ciudad de San Luis atraviesan una crisis hídrica desesperante, con grifos secos y una desidia estatal que parece no tener fin. 

Pero el trasfondo más oscuro de la jornada no es la falta de gestión, sino el mensaje de impunidad que el maíz proyecta hacia el Poder Judicial.

La elección del cultivo como telón de fondo no parece un error de protocolo, sino una provocación directa a la investigación que hoy sacude los cimientos de Terrazas del Portezuelo. 

Actualmente, la Justicia intenta desentramar el escandaloso caso de El Caburé, donde una cosecha valuada en más de 2 millones de dólares —que se encontraba bajo estricta custodia del Estado— desapareció sin dejar rastro ni explicación contable.

La "foto del riego" se produce precisamente cuando las miradas se posan sobre el círculo más íntimo y jerárquico del Gobernador. En la trama judicial aparecen nombres de peso propio como el de Víctor Endeiza, ex fiscal de Estado y actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, señalado como el autor intelectual de la estructura de poder, junto a Ricardo André Bazla, secretario de Ética Pública y Control de Gestión, a quien apuntan como la cabeza material de los hechos. 

La red de sospechas se extiende a Federico Trombotto, ministro de Desarrollo Productivo, señalado como el facilitador de las maniobras, y al asesor Diego Amondarain. La gravedad institucional se completa con la figura de Gonzalo Amondarain, ministro de Gobierno, a quien marcan como el encargado de garantizar el encubrimiento y el silencio administrativo sobre el destino de los fondos.

Para los observadores del clima político provincial, la imagen de Poggi cuidando simbólicamente un cultivo de maíz es una tomada de pelo a los magistrados y un mensaje de presión explícito. 

Al exhibirse de esa manera, el mandatario parece ratificar su respaldo a los funcionarios bajo sospecha y enviar una señal de blindaje hacia los jueces que deben decidir sobre el patrimonio desaparecido de los puntanos.