Caso El Caburé: Celdrán reflejó el manejo explícito del poder para consagrar la impunidad

La causa penal que investiga el millonario desvalijamiento del establecimiento "El Caburé" —considerado el mayor escándalo de corrupción estatal de los últimos tiempos en San Luis— ingresó en una fase de máxima tensión institucional. 

Tras haber renunciado a la representación de los damnificados denunciando presiones y desmanejos, el abogado Pascual Celdrán lanzó duras críticas contra una reciente presentación judicial de la Fiscalía de Estado, a la que calificó como una maniobra explícita para cerrar el círculo de impunidad sobre los funcionarios implicados.

El detonante del cuestionamiento es un pedido formal interpuesto por el representante de la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, donde se investigan los delitos de hurto calificado, abuso de autoridad y peculado. 

En ese escrito, el organismo que constitucionalmente debe defender el patrimonio público solicitó formalmente al Fiscal de Instrucción que revoque la participación de las querellas particulares: el damnificado Enrique Vaira (quien era asistido por Celdrán) y el propio Establecimiento "El Caburé".

Para fundamentar el pedido de exclusión, la Fiscalía de Estado argumentó paradójicamente que las querellas sostienen una teoría del caso "incompatible" con la del Ministerio Público Fiscal y que sus acusaciones paralelas afectan "el principio de congruencia y el derecho de defensa del imputado".

"Cuando están intentando cerrar la maniobra, la propia Fiscalía de Estado, demostrando lo que avisé, pide que saquen a las querellas de la causa para continuar el manejo notorio y evidente", fustigó Celdrán a través de sus canales de comunicación. 

El letrado calificó de "gracioso" y contradictorio que un órgano estatal invoque la protección de los derechos de un imputado que está acusado, precisamente, de cometer delitos contra el propio Estado.

Según la denuncia de Celdrán, esta presentación judicial no es un hecho aislado, sino el reflejo de un engranaje coordinado entre el fiscal de la causa y la Fiscalía de Estado, presuntamente "digitados por Víctor Endeiza y con la anuencia del Procurador de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi".

Un entramado de poder y millones en negro

El caso "El Caburé" mantiene en vilo al arco político y judicial debido al peso de los nombres involucrados. El campo en cuestión se encontraba bajo custodia estatal tras un cuestionado proceso de expropiación. La responsabilidad legal del predio recaía sobre Ricardo André Bazla, quien en ese momento se desempeñaba como titular de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión.

Bajo esa cuestionada custodia, desapareció una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares perteneciente a la sociedad que había trabajado la tierra. La investigación judicial apunta a que Bazla no habría actuado en soledad. 

La denuncia arrastra a Víctor Endeiza, quien fuera Fiscal de Estado al momento de los hechos y que actualmente ocupa un asiento como ministro del Superior Tribunal de Justicia, un rol desde el cual, según los denunciantes, se ejercen fuertes presiones para deslindar las responsabilidades del caso.

El expediente también salpica al asesor Diego Amondaraín —hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain—, señalado por presuntamente aportar la logística y los "tips" para retirar el grano en negro, evadiendo los controles fiscales y omitiendo las cartas de porte obligatorias. 

Asimismo, la trama bajo la lupa incluye al ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, bajo la sospecha de haber falsificado documentación pública para intentar dar un marco de legalidad a los procedimientos de Bazla, y al productor rural Francisco Anselmi, cuyas declaraciones judiciales han quedado envueltas en severas contradicciones.

Con el pedido de exclusión de la querella sobre la mesa, la justicia provincial debe resolver si convalida el desplazamiento de los particulares damnificados. De hacerse lugar al pedido de la Fiscalía de Estado, la acusación del caso de corrupción más sensible de la provincia quedará bajo el control monopólico de las mismas estructuras estatales que hoy están bajo sospecha.