Caso El Caburé: "El fallo demuestra que el Gobierno entró de forma violenta y clandestina"

Un giro drástico y un "durísimo revés" para el Gobierno de Claudio Poggi se consolidó en los últimos días tras el fallo dictado por la jueza civil Cinthia Fernández Paz en el conflicto por el establecimiento agropecuario "El Caburé". La resolución determina que la toma de posesión por parte del Estado provincial fue "indebida, violenta y clandestina", desmoronando la hipótesis oficial de que los productores habían actuado de mala fe al sembrar unas 2.000 hectáreas de maíz, valuadas en dos millones de dólares, que luego desaparecieron misteriosamente tras la cosecha de 2024.

En diálogo con El Diario de la República, el abogado Alejandro Viano, representante legal de Alejandro Marcelo Ingaramo y de la firma San Jorge Cereales y Hacienda, expresó su satisfacción por una sentencia que calificó como "ejemplificadora, amplia y contundente". 

El letrado destacó que este es el primer paso para demostrar que se puede litigar frente al poder político: "Nosotros estuvimos siempre a derecho desde el 10 de mayo de 2024 cuando comenzó esta historia. La jueza falló con todo el criterio, analizó minuciosamente las pruebas y no dejó nada en el aire".

El fallo posee un impacto directo sobre la causa penal en la que tanto Ingaramo como el propio Viano resultaron imputados por supuesta usurpación. "Cuando nos imputaron la usurpación, la propia magistrada se encargó de demostrar que ese delito no existe. Deja absolutamente claro que la posesión le corresponde a San Jorge Cereales y Hacienda y que el ingreso del Gobierno fue con clandestinidad y violencia. Nos sacaron del campo como si fuéramos perros, cortando cadenas y usando a la policía", enfatizó el abogado.

Viano también aclaró la situación contractual de las tierras, desmintiendo la versión del Ejecutivo provincial sobre supuestas irregularidades en los pagos. Según detalló, San Jorge —en carácter de accionista de la firma El Caburé— abonó la totalidad de las cuotas correspondientes a una explotación proyectada a 35 años antes de que se iniciaran las acciones legales. 

"El campo no es del Gobierno; se compró, se pagó y el maíz también era de San Jorge. Toda la campaña que armaron para sostener lo contrario se les cae a pedazos", sentenció.

A raíz de esta nueva plataforma fáctica que otorga el fuero civil, la estrategia de la defensa se trasladará con fuerza al plano penal. Viano adelantó que solicitará una audiencia con habilitación de feria para requerir la restitución definitiva del predio y el sobreseimiento de los imputados. 

Asimismo, arremetió contra las decisiones previas del juez de Garantías Leandro Estrada, quien los había excluido como querellantes. "Estrada dio por sentado que el campo era del Gobierno y aseguró que no saldría ninguna resolución a favor de San Jorge; acá está la resolución", replicó.

Finalmente, el letrado apuntó de forma directa a la responsabilidad de los funcionarios que orquestaron el operativo de desalojo, entre quienes figuran el exsecretario de Ética Pública Ricardo André Bazla, el ministro Federico Trombotto y el actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Víctor Endeiza. 

"Voy a pedir que se reformulen los cargos penales y que se me reincorpore como querellante. Bazla es tan responsable como Trombotto y Endeiza; cometieron atropellos, falsificaron instrumentos públicos y privados, y el fiscal va a tener que investigar y hacer su trabajo. Hoy le pasa a San Jorge, pero mañana le puede tocar a cualquier ciudadano. El pueblo de San Luis tiene que abrir los ojos ante este tipo de abusos de poder", concluyó.