El rol de Endeiza en "El Caburé" desató un escándalo en el Superior Tribunal de Justicia

El caso "El Caburé", que investiga el escandaloso robo de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares bajo custodia estatal, sigue sumando hitos lamentables. El drama no solo evidenció la corrupción sinó que desató una crisis institucional sin precedentes. 

La aparición de chats y audios dinamitó la coartada oficial del "chivo expiatorio" y colocó los focos directamente sobre el principal implicado e ideólogo de la maniobra: Víctor Endeiza, actual Ministro del Superior Tribunal de Justicia y Fiscal de Estado al momento de los hechos.

En los pasillos del Poder Judicial el clima es de absoluta indignación. Fuentes internas aseguran que la continuidad de Endeiza en el máximo tribunal es insostenible ante semejante nivel de exposición criminal. 

Lejos de dar un paso al costado para preservar la imagen de la institución, el magistrado ha optado por un peligroso contraataque: junto a Eduardo Sebastián Cadelago Filippi —Procurador General y jefe de los fiscales—, ejerce severas presiones que impiden que los fiscales de la causa puedan trabajar con la independencia que el caso requiere.

Las pruebas que desnudan al ideólogo

La trama delictiva involucra a una red de altos funcionarios en la que figuran el ex secretario de Ética Pública, Ricardo André Bazla; el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto; y Diego Amondarain, asesor y hermano del ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain. Sin embargo, la evidencia demuestra que ninguno de ellos se movía sin la venia de Endeiza.

Los audios aportados a la causa revelan las directivas explícitas de Endeiza al exfuncionario Darío Oviedo Helfenberger. Frente a las advertencias de que se estaba ingresando maquinaria de forma irregular y que la contraparte estaba alertando a la Justicia, la respuesta de Endeiza fue tajante: "Sí, varón, perfecto" y "Sí, cosechalo".

Incluso, ante el temor de Oviedo de afrontar consecuencias penales, el actual ministro del Superior Tribunal avalaba la ilegalidad dándole argumentos técnicos para defender la supuesta posesión estatal del predio en las audiencias: "No olvidar decir que sos funcionario público actuando en tu competencia para el Estado provincial... Cualquier acción que pretenda debe ocurrir por la vía correspondiente".

Un pacto de silencio y falsificación

El nivel de impunidad de la banda estatal quedó registrado en las maniobras posteriores para borrar las huellas del delito. El acuerdo de cosecha con el contratista rural (Francisco Anselmi), a quien se le pagó con toneladas del propio grano debido a que no se podía bancarizar la maniobra en efectivo, fue modificado.

Asimismo, los chats detectados entre el entorno de Endeiza y Natalia Gil Ledesma confirman la falsificación de documentos públicos: adulteraron las fechas de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Ética y el Ministerio de Producción, pasándolo de agosto a abril, con el burdo objetivo de justificar legalmente por qué la cartera de Ética Pública se había metido a cosechar de prepo un grano que jamás ingresó a las cuentas del Estado.

Hoy, la provincia enfrenta una encrucijada inédita: el hombre que debe dictar la palabra final sobre la legalidad y la justicia está cercado por las pruebas de un millonario saqueo que él mismo comandó desde las sombras.