El caso El Caburé y la embestida judicial para garantizar la impunidad de los implicados

El próximo 24 de julio se cumplirán dos años de un hito que marcó la gestión pública en la provincia: la toma de posesión estatal del establecimiento rural "El Caburé". El campo, tras su proceso de expropiación, quedó bajo la órbita de la entonces Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión, conducida en ese entonces por Ricardo André Bazla, el denominado "ministro de la transparencia". 

Sin embargo, lo que debió ser un acto de administración claro derivó en uno de los escándalos de corrupción más graves del último tiempo: la cosecha clandestina y desaparición de toneladas de maíz con un valor estimado en más de 2 millones de dólares, ejecutada completamente al margen de la ley.

La investigación judicial y la posterior filtración de chats y audios dinamitaron rápidamente la coartada oficial. Las pruebas colocaron en el centro de la escena a Víctor Endeiza, quien se desempeñaba como Fiscal de Estado y actualmente ocupa un sillón como Ministro del Superior Tribunal de Justicia. 

Según la evidencia, las órdenes de avanzar con las maquinarias e ingresar al predio de manera irregular fueron impartidas directamente por Endeiza y ejecutadas materialmente por Bazla. 

Cuando el entramado delictivo estalló en los medios, el poder político intentó sacrificar al segundo de la cartera de Ética, Darío Oviedo Helfenberger, utilizándolo como "chivo expiatorio". Los registros demostraron que Oviedo cumplía directivas explícitas del actual magistrado.

La red de complicidades y la falsificación de documentos

La trama de corrupción no termina allí y salpica a múltiples dependencias del gobierno de Claudio Poggi. De acuerdo con las denuncias de las defensas y los elementos que constan en los expedientes, la maniobra ilegal contó con el asesoramiento de Diego Amondarain, hermano del ministro de Gobierno Gonzalo Amondarain, y se materializó gracias al rol clave del productor rural Francisco Anselmi, encargado de concretar la trilla. 

Además, el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, quedó severamente comprometido tras detectarse acciones destinadas a falsificar documentación pública. Específicamente, se adulteraron las fechas de un convenio de colaboración mutua para intentar justificar legalmente por qué el área de Ética Pública se había involucrado en la cosecha de un grano que jamás ingresó a las arcas del Estado.

La embestida contra la Justicia y el mecanismo de impunidad

A la fecha, los 2 millones de dólares siguen sin aparecer. El único funcionario procesado de peso es Bazla, mientras que la estructura judicial de la provincia —bajo las severas presiones que ejercen el propio Endeiza y el Procurador General, Eduardo Sebastián Cadelago Filippi— busca congelar el avance de la causa penal para resguardar a los partícipes de mayor jerarquía.

En este escenario de asfixia institucional, el nuevo blanco del Ejecutivo provincial es la jueza civil Cynthia Fernández Paz. La magistrada interviene en la causa civil donde se reclama la devolución de casi 2.000 hectáreas tras denunciar que el Gobierno los desalojó por la fuerza en medio del litigio. 

Fernández Paz frenó el dictado de la sentencia para transformar el juicio en un "interdicto de recuperar" y solicitó incorporar los expedientes penales del caso "El Caburé" para llegar a la verdad real de los hechos. Esta decisión provocó la furia del Gobierno, que pretendía cerrarle las puertas a la investigación.

Para sacársela de encima, la Fiscal de Estado, María Fabiana Zárate, activó de urgencia un pedido de jury de enjuiciamiento y destitución contra la jueza. Si bien el argumento formal del oficialismo acusa a Fernández Paz de un supuesto "mal desempeño" y desarraigo del derecho por una regulación millonaria de honorarios en una causa ambiental ajena (el caso del Acueducto Vulpiani), las fuentes tribunalicias confirman la verdadera trastienda: el poder político necesita desplazar a la magistrada para evitar que los papeles penales de "El Caburé" sigan acumulando pruebas que involucren de forma definitiva a los ministros y funcionarios del riñón gubernamental. Una maniobra coordinada para que el saqueo millonario del campo quede, finalmente, en la nada.