Consumo masivo y consumo privado: el gobierno goza, las familias sufren

Mientras la mayoría de los hogares de San Luis se vio obligada a restringir al máximo sus compras básicas (alimentos, medicamentos, indumentaria) y a eliminar los gastos suntuarios, el gobierno nacional, y su aliado provincial, sostienen que el consumo privado está en máximos históricos (la ortodoxia económica puede considerar como gasto suntuario a salir a comer una pizza una vez por semana o llevar a los niños a tomar un helado).

El error, por no decir el engaño oficial, consiste en tratar de confundirnos a todos, equiparando el consumo masivo con el concepto de consumo privado utilizado en las estimaciones del PIB.

El primero se refiere al esfuerzo que debe realizar diariamente la población (comprar menos comida, dejar de tomar medicamentos, reutilizar ropa) y los comercios (caída estrepitosa de las ventas, cierre de locales)

Por su parte, el consumo privado es una estimación que realiza el instituto oficial de estadística (INDEC) en el marco del cálculo de las cuentas nacionales y constituye uno de los componentes de la demanda agregada, junto con las inversiones, las importaciones y el consumo del gobierno.

En las estadísticas oficiales el consumo privado no es solo lo que la gente compra (o deja de comprar) en el supermercado o en el shopping. Incluye también el gasto de los hogares en servicios públicos: luz, gas, agua y, en buena medida, transporte, así como los alquileres (los que se pagan realmente y los “imputados” a quienes viven en casa propia).

Por eso, cuando estos rubros se incrementan el gasto total de las familias en esos conceptos crece y se refleja directamente como un aumento del consumo privado en las Cuentas Nacionales. Aunque la gente compre menos leche, menos ropa o menos electrodomésticos, el número agregado puede subir o sostenerse.

Así, existe una dicotomía en el impacto de la economía: el "sufrimiento" de las familias puntanas (y argentinas en general) es, por otro lado, la "conformidad" del oficialismo por su "macroeconomía ordenada". 

Desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026, los precios al consumidor nivel general (proxy de la inflación) en la provincia de San Luis (medidos por el IPC-San Luis) acumularon una variación de 205,2 %.

En el mismo período el rubro “Vivienda y servicios básicos" que incluye tanto el alquiler de la vivienda como las tarifas de electricidad, gas y otros combustibles, trepó un 444,02% (más del doble que el nivel general).

Específicamente los alquileres subieron más de 420%, el gas natural avanzó cerca más de 750%, la electricidad y el agua también se ubicaron muy por encima de la inflación promedio (cerca del  370 % aproximadamente).

Ese brutal encarecimiento relativo elevó notablemente el peso de estos gastos "no postergables" dentro de los presupuestos familiares (dicho sea de paso, la intencionada no actualización en las ponderaciones del IPC, tanto a nivel nacional como provincial, impide que ese indicador refleje fehacientemente la verdadera estructura de gastos de las familias argentinas y puntanas, y el impacto de los presupuestos en sus hogares. Pero este punto debe ser abordado con todo detalle en un próximo artículo ad hoc).

Al respecto, estimaciones de consultoras privadas sobre el consumo masivo indican que los servicios públicos pasaron de representar poco más del 5 % del salario promedio registrado, a principios de la actual gestión (nacional y provincial), a cerca del 15 % a mediados de 2026. Según Scentia, Nielsen y otras consultoras privadas, dicho guarismo muestran caída del volumen de ventas del orden del 3 % interanual en lo que va del año.

Las estadísticas oficiales de ventas en supermercados y centros de compras no dejan margen de dudas acerca de esa disminución en las ventas, por más que las voces oficiales intenten argumentar que la caída se debe al incremento de las ventas por vías alternativas como el e-commerce.

Es decir, las familias gastan más en aquello que más aumentó, el consumo masivo cae, pero el consumo privado sube.

Así, en el consumo privado total de las Cuentas Nacionales la participación de los servicios (que incluyen alquileres y tarifas) pasó de niveles cercanos al 18 % en 2023 a alrededor del 30 % en 2025. En el primer trimestre de 2026 el consumo privado registró un crecimiento del 2,7 % interanual (es de lo que se vanagloria el gobierno en sus discursos) y alcanzó máximos históricos.

En pocas palabras: si la familia destina más plata (en términos reales) a pagar el alquiler y las facturas de servicios, ese mayor gasto se computa como mayor consumo privado. No significa necesariamente que la gente esté viviendo mejor o decidiendo comprar más cosas; simplemente refleja que una porción creciente de su ingreso se está yendo a cubrir costos de vivienda y servicios básicos que subieron por encima del resto de los precios.

El contraste muy marcado entre la satisfacción del gobierno y la preocupación de las familias no es un misterio estadístico: las Cuentas Nacionales capturan el mayor desembolso en alquileres y tarifas, mientras que los relevamientos de consumo masivo muestran la grave caída en el consumo diario de los hogares, que es lo que más se comprime cuando suben los gastos fijos, los ingresos no alcanzan y el poder adquisitivo se deteriora a una velocidad estrepitosa.