Cuestionan el proyecto de licencias para abogados: falta de consulta y temor a más demoras

El proyecto para crear un régimen de licencias para abogados y procuradores en San Luis encontró cuestionamientos entre profesionales que advierten sobre sus posibles consecuencias en los tribunales. En una carta fechada el 21 de septiembre y dirigida a José Gabriel Alessandro, como presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, sus autores reprochan la falta de una consulta previa a los matriculados y sostienen que la iniciativa podría profundizar las demoras judiciales.

El primer planteo apunta al modo en que se impulsó la propuesta, que, según el documento, contaría con el aval de los tres colegios de abogados de las circunscripciones judiciales de la provincia. Para quienes expresan el rechazo, abrir una instancia de aportes cuando la elaboración ya comenzó no reemplaza la discusión sobre la necesidad de avanzar con esa regulación.

“Antes de discutir cómo debe ser un régimen de licencias, corresponde discutir si debe existir”, señalan. El cuestionamiento pone en discusión la participación de los matriculados en una decisión que podría modificar las condiciones del ejercicio profesional.

La principal objeción se concentra en el impacto que una suspensión de los plazos podría tener sobre los expedientes. Los autores consideran que una “paralización forzada” agravaría las dificultades que, según describen, ya enfrentan por el deficiente funcionamiento del sistema. Advierten que las consecuencias alcanzarían tanto al abogado de la contraparte como a su cliente, cuyos intereses también dependen del avance de las causas.

La carta rechaza que esa posición implique falta de empatía frente a enfermedades u otras contingencias personales. Por el contrario, sostiene que la respuesta debería surgir de mecanismos de colaboración entre colegas que permitan atender esas situaciones sin interrumpir los procesos.

También cuestiona la aplicación de un esquema de licencias a una profesión liberal. Desde esa perspectiva, sus autores argumentan que el costo de las interrupciones recaería sobre otros profesionales y sobre los litigantes.

Otro punto es el eventual uso del régimen con fines dilatorios. El documento menciona casos en los que las audiencias se fijan con seis meses de diferencia y plantea que una suspensión, seguida de una nueva espera de igual duración, podría llevar a un año de inactividad procesal. Se trata de un escenario que los autores utilizan para advertir sobre el riesgo de sumar demoras a las existentes.

Como alternativa, proponen crear comisiones dentro del propio Colegio para organizar reemplazos cuando un profesional atraviese una circunstancia que le impida trabajar. El planteo busca que la asistencia se sostenga en la cooperación entre colegas, con una condición que atraviesa toda la carta: “sin paralizar los procesos”.