Distintas infancias, distintas propuestas, ningún derecho común

En el Año de la Educación” el gobernador Claudio Poggi terceriza la educación de los más pequeños. El Ministerio de Desarrollo Social firma convenio con asociaciones educativas para hacerse cargo de los nuevos Centro de Desarrollo Infantil (CDI).

Recordemos que la primera política para la Primera Infancia del gobernador al asumir fue universalizar las salas de 3 años. Sin embargo, lo hizo sin cambios significativos en la estructura de los Jardines de Infantes Anexo a la escuela Primaria. Ampliamos el derecho, pero las desigualdades de inicio se profundizan. Infancias que tienen garantizada una educación integral con las ENI (escuela de Nivel Inicial) con profesores de diferentes áreas: educación física, plástica, música, idioma. También docentes de educación especial para atender la discapacidad.

Y por otro lado en los Jardines Anexos a Primaria, las infancias cuya educación integral y acompañamiento a la discapacidad depende de la voluntad de los equipos directivos en “sacar” horas “especiales” para garantizar aquello que el gobierno niega. En paralelo, se eliminaron los Diseños Curriculares de Jardín Maternal y estos espacios volvieron a la órbita de Desarrollo Social, equiparándolos a los CDI.

Frente a estas decisiones cabe preguntarse ¿Qué proyecto político se construye para la Primera Infancia? ¿Educación desde la cuna o asistencialismo con maquillaje pedagógico?.

Vayamos al “Caballito de Troya” un debate que se presenta como técnico, de nombres, de títulos, pero en realidad es ideológico y político. Para evitar confusiones es necesario hacer una distinción entre CDI y Jardines Maternales, ya que “parecen” lo mismo, pero en realidad no se ocupan de lo mismo. Esto es clave para comprender el debate actual. Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), según la Ley Nacional 26.233, fueron creados para el cuidado y protección de niños desde los 45 días hasta los 4 años.

Su función es complementaria, no educativa: no forman parte del sistema educativo ni del Nivel Inicial, por eso no pertenecen al Ministerio de Educación sino del Ministerio de Desarrollo Social. La atención de los pequeños está a cargo de “cuidadoras” que desarrollan tareas de contención y acompañamiento articuladas con distintas áreas del Estado Nacional y pueden ser gestionados por “terceros” mediante convenios. Su origen se remonta a la crisis social de los ’90 y 2001, cuando ante la retirada del Estado las mujeres de los sectores más postergados se organizaron comunitariamente para cuidar a las infancias. Estas mujeres que quedaban a cargo de pequeños fueron imitando espacios, tiempos y actividades de un Jardín Maternal o de Infantes. En 2007/2008, los CDI se institucionalizan como política de Desarrollo Social teniendo como horizonte la universalización de la educación desde la cuna a través de los Jardines Maternales

El Jardín Maternal es otra cosa. Es el primer tramo del Nivel Inicial, integrado a la unidad pedagógica con el Jardín de Infantes, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional 26.206. Es una institución educativa, con diseños curriculares propios, proyecto pedagógico, docentes tituladas, carrera profesional y derechos laborales reconocidos. Allí el cuidado y la enseñanza no se oponen: se enseña cuidando y se cuida enseñando, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades desde la cuna.

No fue un error técnico ni conceptual. Fue una decisión política.

Durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá, en el marco de la Jerarquización del Nivel Inicial, los Jardines Maternales públicos y privados que estaban en la órbita de Desarrollo Social pasaron al Ministerio de Educación. Se crea además un área específica dentro del Ministerio de Educación para Jardín Maternal: desde este espacio se articulan los CDI y los Maternales privados. En ese proceso se lograron, por primera vez en la historia provincial, los Diseños Curriculares de Jardín Maternal (DCJM). Un avance enorme. Se realizó también un censo general de Maternales y la matrícula de niños. Así como también se sancionó una ley provincial para Jardines Maternales.

Desde que asume Claudio Poggi a la gobernación por decisión política regresamos al pasado. Desde el colectivo de maestras Jardineras durante décadas exigimos la universalización del Jardín Maternal con un proyecto pedagógico común para todos los niños y las niñas sin importar la cuna y nos ofrecen asistencialismo con maquillaje pedagógico.

Desde el 2024 en la provincia no se inauguran Jardines Maternales. Se establecen “híbridos” para la Primera Infancia sin resolver el problema de fondo: no se universalizan derechos, se sostienen desigualdades aún bajo la órbita de la autogestión escolar. Además, se agrega un problema más: el corrimiento del Estado como garante ineludible del derecho a la educación en igualdad de condiciones y oportunidades para todos y todas.

El Estado financia, pero delega en “terceros” su responsabilidad. Nuevamente nos encontramos bajo “viejos” debates: sistemas paralelos presentados bajo ropaje de innovación o calidad lo que, en realidad, esconden precarización educativa y laboral.

En otras palabras, nos ofrecen un “caballo de Troya” para ocultar una decisión más profunda: cómo se concibe la educación en la Primera Infancia reinstalando el asistencialismo con “maquillaje pedagógico” allí donde debería haber educación desde la cuna. Ni hablar de la trampa sutil: se conceden cargos, pero se debilita el derecho colectivo que dio origen a la lucha por la Jerarquización.

El gobierno se asiste de docentes que históricamente han luchado por estas reivindicaciones, y de este modo, “maquilla” allí donde no hay educación desde la cuna. Ofrece una “jerarquización” que no es “real”, sino una forma de precarización encubierta con cargos sin pertenencia al sistema educativo, sin reglas claras de acceso, sin transparencia en los criterios de selección y sin garantía de derechos plenos, ni para las trabajadoras ni para los niños y niñas.

Y hace mucho ruido que una exconcejal de Villa Mercedes del partido Avanzar, la Prof., Gabriela López, sea coordinadora o directora de un CDI. ¿Casualidad o causalidad? También ella es parte de la conducción de UNADENI, institución que ha guardado silencio en cada decisión del Gobernador. ¿Casualidad? o ¿Causalidad?.

En este debate ideológico y político hay algunas expresiones del Gobernador que merecen prestar atención para entender aún más por donde va el proyecto político para la Primera Infancia. En una de las inauguraciones expresó “los CDI son una propuesta innovadora y superadora al Maternal. Se trabaja integrando a las familias…”. En esta frase lo que se infiere es que desconoce el trabajo integral del Nivel Inicial (Jardín Maternal y Jardín de Infantes), donde se desarrollan talleres pedagógicos, espacios de acompañamiento y articulación con profesionales, tanto para las infancias como para sus familias abordando cada propuesta desde una mirada educativa, comunitaria y de derechos. Dicha integralidad está plasmada en los propósitos y objetivos propios de la Educación Inicial en la ley nacional de educación, 26206. Tampoco los CDI son una propuesta superadora: sólo reordena la desigualdad educativa y laboral.

En otra oportunidad, el gobernador se refirió al personal al cuidado de los pequeños “el requisito principal para cuidar a un bebe o niño es tener muchísima sensibilidad maternal”. Es decir, lo que se visibiliza es una mirada muy patriarcal donde se naturaliza que las mujeres cuidan “porque saben”, porque “les sale”, porque tienen “instinto maternal”. No por formación, por reconocimiento profesional, por derechos laborales. Esa idea patriarcal del cuidado y la enseñanza es funcional a un Estado que ahorra en educación, que precariza el trabajo femenino, especialmente el de las Mujeres pobres.

Recordemos que el personal que “cuida” a los peques son mujeres del Plan de Inclusión donde una mayoría no posee título docente. Otro grupo de mujeres del Plan posee título docente o están cursando la etapa final del profesorado. Ninguna de ellas está allí por libre elección. Solo buscaron un lugar mejor al que estaban y el Estado les asignó tareas de altísima responsabilidad sin formación pedagógica, sin reconocimiento de derechos laborales acordes. a las que poseen título docente y esperan conseguir un cargo dentro del sistema educativo o tienen la esperanza que las incorporen dentro de la planta del Estado. En ambos casos, no están “cuidando niños”, no nos equivoquemos. Sostienen una función social esencial en condiciones de precariedad. A las que poseen título también les roba el capital simbólico, el lugar social que construyeron con mucho esfuerzo durante años de estudios en la universidad.

También este “caballito de Troya” nos habla de la pedagogía del mérito: Becas al Mérito. Becas al reconocimiento del esfuerzo. Quienes desde hace décadas llevamos puesto el “pintorcito rebelde” como bandera de defensa de la educación desde la cuna, sabemos que desde la gestación y hasta los 3 años de vida se produce un proceso acelerado de crecimiento y desarrollo en todas las dimensiones del niño y de la niña. Esa etapa constituye una base decisiva, pero no funciona como una “ventana de oportunidades” automática ni individual: ningún niño se desarrolla en soledad, sino siempre en relación con su familia, su cultura y las condiciones materiales que lo rodean.

Es en esos primeros años donde se consolidan las matrices de aprendizaje, a partir del vínculo con la madre u otra persona significativa. El contexto puede potenciar ese desarrollo o, por el contrario, obstaculizar. Por eso, cuanto más temprano el niño o la niña ingresa a un Jardín Maternal, más ganamos como sociedad: en educación, en democracia y en justicia social, especialmente en los sectores históricamente relegados. Asegurar condiciones de calidad y equidad en la primera infancia impacta de manera directa y sostenida en las trayectorias educativas y en el desarrollo social de cada niño y niña.

Cuando el Estado fragmenta sus propuestas para la primera infancia —educación para algunos, asistencialismo para otros— esa desigualdad no solo se instala temprano: se vuelve estructural. Aparece desde los primeros años, se profundiza a lo largo de la escolaridad y luego se naturaliza bajo el nombre de “mérito”. Becas, premios y reconocimientos se explican en clave de esfuerzo individual, cuando en realidad los puntos de partida fueron profundamente desiguales.

Siempre quedan al final de la fila los hijos e hijas de familias con menor estabilidad económica, con trayectorias educativas interrumpidas, con adultos que muchas veces no pudieron completar siquiera la escuela primaria. De esto casi no se habla. Tampoco se habla del alto porcentaje de analfabetismo funcional: personas que pasaron por la escuela, pero apenas pueden leer y escribir.

La pedagogía del mérito oculta lo esencial: no todos arrancaron desde el mismo lugar. Y cuando el Estado decide no garantizar educación desde la cuna como derecho universal, no solo reproduce desigualdades: luego las legitima, las premia y las vuelve destino. Y como final, nada de todo esto sucede porque sí.

En el llamado Año de la Educación, el gobernador confirma por tercer año consecutivo a un contador, Guillermo Araujo, al frente del Ministerio de Educación. No tengo nada personal contra él, ni mucho menos contra la profesión. La pregunta no es individual: es política.

Preguntémonos entonces: ¿qué proyecto político de educación se busca?

Si en el Ministerio de Economía se hubiera nombrado a un docente, ¿qué dirían los empresarios, los economistas, los contadores, los financistas?

Si en Salud se hubiera designado a un docente, ¿qué diría el círculo médico? ¿La sociedad confiaría del mismo modo en la medicina pública?

Si en Justicia se hubiera puesto a un médico o a un contador, ¿qué garantías de justicia podría ofrecer la provincia a su ciudadanía? ¿Qué diría la sociedad frente a eso?

Sin embargo, para este gobierno parece que cualquiera puede conducir el Ministerio de Educación, menos un docente. Y no es un dato menor: el mayor ajuste se aplica justamente sobre la educación, pese a toda la purpurina discursiva con la que se intenta disimularlo.

No importa cuántos títulos hayamos acumulado en nuestra trayectoria. No importa la experiencia pedagógica, la formación, la experiencia y el sentido público de la educación. Incluso se destinan millones a consultoras educativas externas, cuando en la provincia contamos con universidades prestigiosas, equipos académicos formados en educación y una enorme cantidad de compañeras y compañeros con licenciaturas, maestrías y doctorados en el campo educativo.

Todo esto no es casual. Es una definición política: vaciar de sentido pedagógico la educación pública, desautorizar a quienes la construimos cotidianamente y convertir a la educación en una variable de ajuste.